Igualmente fue afectado por la decisión de la Procuraduría el director de la Red Alma Mater

La Procuraduría General de la Nación tomó determinaciones disciplinarias ayer contra varios funcionarios del Distrito Capital por supuestas irregularidades en desarrollo de sus labores en la administración pública.

Mientras el Ministerio Público sancionó en primera instancia a directivos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y al director ejecutivo de la Red Alma Mater, confirmó las sanciones de destitución e inhabilidad contra nueve altos funcionarios y ex funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por su responsabilidad en las irregularidades presentadas en el proceso de contratación de la fase III de Transmilenio o cartel de la contratación.
En efecto, Liliana Pardo Gaona, ex directora General del IDU, fue cobijada con destitución e inhabilidad por 18 años por irregularidades en la vigilancia y control de anticipos; contratación de faltantes de estudios y diseños para la ejecución de las obras de la calle 26 y la carrera 10; y por suscribir contratos adicionales con los que se eludió la selección objetiva en los proyectos de valorización del Acuerdo 180 de 2005.

Inocencio Meléndez Julio, ex director Técnico Legal, fue afectado con destitución e inhabilidad por 17 años por irregularidades relacionadas con la vigilancia y control de anticipos; autorizar la contratación de faltantes de diseño para estudios de la Fase III de Transmilenio; por no orientar jurídicamente el trámite de imposición de multas a contratistas y por la suscripción de contratos adicionales.

Carmen Elena Lopera Fiesco, directora Técnica de Construcciones, sancionada con destitución e inhabilidad por 16 años por irregularidades relacionadas con la contratación de faltantes de estudios y diseños; imposición de multas a contratistas y suscripción de contratos adicionales.
Aldemar Cortés Salinas, subdirector Técnico de Ejecución de Obras, destitución e inhabilidad por 14 años por irregularidades relacionadas con los estudios y diseños y la suscripción de contratos adicionales.

Rafael Hernán Daza Castañeda, director técnico de Planeación, afectado con destitución e inhabilidad por 14 años por irregularidades en la aprobación de contratos adicionales.
Luis Esteban Prada Bretón, ex subdirector General del IDU, afectado con destitución e inhabilidad por 14 años por irregularidades relacionadas con los estudios y diseños y la suscripción de contratos adicionales.

Marta Mercedes Castrillón Simonds, directora técnica de Predios, afectada con suspensión e inhabilidad por 11 meses por no adelantar con eficiencia el procedimiento legal para la adquisición de predios necesarios para la ejecución de las troncales de la calle 26 y la carrera 10 de la fase III de Transmilenio.

En relación con la señora María Clemencia Cantini Ardila, subdirectora técnica de Gestión Contractual de la Subdirección General Jurídica, se repuso parcialmente la decisión en cuanto al cargo relacionado con la imposición de multas a contratistas, pero dejó en firme la decisión en cuanto al cargo por irregularidades relacionadas con la suscripción de contratos adicionales por lo cual se modificó la inhabilidad que pasó de 14 a 12 años.
De igual manera, la sanción de destitución e inhabilidad por 14 años impuesta a Luis Eduardo Montenegro quedó en firme al no haber interpuesto recurso de reposición contra el fallo de única instancia.

Bomberos y Alma Mater
De otro lado, por irregularidades en la celebración y ejecución del contrato interadministrativo 321 del 10 de noviembre de 2009, para la construcción del Comando de Bomberos y Sala de Crisis Distrital por 18.000 millones de pesos, la Procuraduría sancionó en primera instancia a directivos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y al director ejecutivo de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero, Red Alma Mater.

Se trata de Mauricio Antonio Toro Acosta, en su condición de Director de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a quien se impuso sanción de destitución del cargo e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de 10 años; Olga Lucía Torres Becerra, subdirectora de Gestión Corporativa; e Iván Demóstenes Calderón Ulloa, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la misma entidad, a quienes se sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad general por el término de 6 meses; y a José Germán Toro Zuluaga, director ejecutivo de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero, Red Alma Mater, a quien se impuso sanción de destitución del cargo e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de 10 años.