Por la muerte de dos ciudadanos en desarrollo de la misión táctica Anaconda, la Procuraduría General, mediante fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó por 20 años a seis integrantes del Ejército Nacional, adscritos para la época de los hechos a la 2º Sección del 2º Pelotón Batería B, adscrita al Batallón de Artillería Tarquí en el sector de Sisbaca del municipio de Aquitania (Boyacá).

Los afectados con esta decisión del Ministerio Público son los entonces subteniente Didier Fernando Irira Bonilla, sargento viceprimero James Arenas, cabo primero José Fernando Pedraza Villa y los soldados profesionales José Alberto Romero Siempira, Mauricio Cárdenas González y Leonardo Fabio Hernández Gachogoque.

La muerte de los dos civiles ajenos al conflicto armado se produjo en desarrollo de una operación de neutralización en el área general del municipio de Aquitania (Boyacá), con el objetivo de disminuir la capacidad de lucha, minimizar y contrarrestar a las milicias del Frente 38 y 56 de las FARC y Bacrim que se encontraban delinquiendo en la zona.

En desarrollo de la investigación, el órgano de control desvirtuó la existencia de un enfrentamiento armado como lo manifestaron los uniformados y declaró que la muerte de estos ciudadanos fue arbitraria, contraria a los deberes de protección a la vida que debe garantizar la Fuerza Pública.

Concluye el Ministerio Público que los uniformados incurrieron en infracción al Derecho Internacional Humanitario al realizar actos que culminaron con la muerte de dos civiles que no se encontraban participando directamente en las hostilidades propias del conflicto armado.

Contra esta determinación disciplinaria adoptada mediante fallo de primera instancia procede el recurso de apelación.