La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 12 años para desempeñar cargos públicos contra la exdirectora nacional de Investigaciones Especiales del Ministerio Público, Luz Dary Henao Acosta por haber ordenado la interceptación, sin cumplir con los requisitos legales, de las líneas telefónicas de 14 funcionarios del organismo.

Según la decisión de la Procuraduría, Henao en el año 2008 ordenó “la interceptación de teléfonos de la Procuraduría sin contar con un auto de apertura de indagación preliminar o una investigación disciplinaria que se adelantara”.

La investigación comprobó que la exfuncionaria “coordinó las medidas de interceptación de abonados de telefonía fija a varios servidores del ente de control sin que mediaran elementos de motivación fundada, afectando los derechos constitucionales de los involucrados en su intimidad personal y formas de comunicación”.

De esta manera, “la exfuncionaria del Ministerio Público incurrió en extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones con vulneración al derecho a la intimidad personal, según la Carta política y el manual de funciones para los empleados de la Entidad”.

La falta fue calificada como gravísima a título de dolo según el artículo 48 del Código Disciplinario Único.

La sala desde donde se realizaban las interceptaciones funcionaba en el edificio de la Procuraduría, el cual fue cerrado por orden del procurador Alejandro Ordóñez cuando llegó a ese despacho en el 2009.

El fallo afirma que las interceptaciones duraron 60 días, en las cuales no se establecieron conductas irregulares por parte de los funcionarios vigilados. “No se verificó un solo hecho presuntamente irregular por los funcionarios objeto de las medidas (...) Por el contrario, se conocieron aspectos de su vida privada y familiar por fuera del marco legal de una indagación o investigación y se vulneraron sus derechos fundamentales”.

Henao era una de las manos derechas del exprocurador Edgardo Maya Villazón, quien duró dos periodos en el cargo (2001-2005) y (2005-2009).

Por este mismo tema, la semana pasada el CTI de la Fiscalía realizó una inspección en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en el proceso por supuestas interceptaciones ilegales.

Al final de la diligencia, la contralora General, Sandra Morelli, confirmó que los agentes no encontraron equipos con la capacidad para interceptar comunicaciones.

“En cada uno de los pisos y sobre todo en el laboratorio de informática forense y en la unidad de aseguramiento, lo que vemos acá es que no se hallaron equipos aptos para la interceptación de comunicaciones”, explicó la Contralora.

“Como siempre ha sido claro, en la Contraloría no hay interceptación de comunicaciones”, puntualizó Morelli.