Aplicar a nivel regional la silla vacía que hoy opera en el Congreso y que esta iniciativa sea analizada en una futura reforma política, es una propuesta que surgió en los últimos días para el caso de gobernadores y alcaldes que son destituidos por corrupción.

Esta iniciativa de la ‘cosecha’ del presidente del Congreso, senador Roy Barreras, apunta según él a avanzar a nivel nacional en la depuración de la política.

No obstante, la propuesta es polémica porque en la práctica la silla vacía que hoy opera en el Congreso es un castigo para los partidos por avalar a un candidato que, luego como senador o representante a la Cámara, es condenado en el ejercicio del cargo por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.

Así lo estableció el Acto Legislativo 01 de 2009, norma  que apuntaba principalmente al fortalecimiento de los partidos, pero que también fue una reacción al escándalo de la parapolítica que reveló las relaciones de un importante número de parlamentarios elegidos en 2002 y 2006 con grupos paramilitares con el objeto, en la mayoría de los casos, de asegurarse una curul a través de la presión armada que ejercían en las regiones los ilegales sobre el electorado.

Este fenómeno alcanzó tal dimensión que cuatro presidentes del Congreso en el periodo señalado fueron condenados por la Corte Suprema: Mario Uribe, Javier Cáceres, Miguel Pinedo y Luis Humberto Gómez Gallo.

El castigo de la silla vacía para los partidos consiste en que pierden la curul que ostentaba el parlamentario condenado por  delitos relacionados con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.

Ya hay una silla vacía en el actual Congreso, la de Javier Cáceres (Partido Cambio Radical), condenado por la Corte Suprema de Justicia a nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado por sus nexos con jefes paramilitares.

A pesar de que el instrumento de la silla vacía hoy opera solo a nivel del Congreso, eso no quiere decir que la normatividad no responsabilice a los partidos por los avales que entreguen en el orden regional en cuanto a cargos uninominales y corporaciones públicas como asambleas, consejos y las JAL (Juntas Administradoras Locales).  

En este sentido, el Acto Legislativo 01 de 2009 establece que “los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o corporaciones públicas de elección popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el período del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente”.

Las sanciones para el partido podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica, entre otras.

 

Sin embargo, los partidos se han quejado porque a pesar de que han fortalecido sus filtros para cuidarse de a quién le entregan un aval, no tienen la capacidad ni su función es investigar, que les permita asegurarse cien por ciento que la información que entrega un aspirante sí corresponde a la realidad de que es una persona de bien. Este inconformismo se hizo público por parte de las colectividades en las elecciones regionales de 2011.

 

La propuesta

 

El senador Barreras explicó que su propuesta está orientada a avanzar en la depuración de la política ampliando la silla vacía a los partidos para los delitos en que incurran los gobernadores y alcaldes, relacionados con el patrimonio y la pérdida de investidura.

“Este Congreso aprobó la silla vacía para avanzar en la depuración de la política sancionando a los partidos con la pérdida de la curul cuando uno de sus miembros ya ha sido condenado por actividades ilícitas, pero está limitada a la vinculación con grupos armados ilegales. Nos parece que esa sanción política, en ese camino de depuración debe ampliarse, de manera que aplique la silla vacía a todos los delitos, particularmente aquellos contra el patrimonio, que de paso acaba con el carrusel de demandas temerarias ante el Consejo de Estado, y a los cargos uninominales de elección”.

Añadió el Presidente del Congreso que hoy ocurre “el absurdo” de que un partido avala a un gobernador o un alcalde que resulta destituido por corrupción, y “el partido se da el lujo de poner la terna para remplazarlo  del mismo equipo del sancionado. De manera que debería ocurrir que cuando eso pase, el partido pierda el derecho a postular en las elecciones atípicas que suceden a cada una de estas destituciones”.

En consecuencia, esta propuesta implica para la colectividad que avaló al mandatario destituido de su cargo por corrupción o pérdida de investidura, quedar impedida de presentar una terna para que de allí el Presidente o el Gobernador, cuando el sancionado es un alcalde, designe un mandatario en encargo; al igual que no podrá presentar un candidato en las elecciones atípicas para elegir a un titular que termine el periodo.

“La silla vacía implicaría la sanción para el partido para que en ese periodo de gobierno pueda seguir gobernando, pues su gobernador o su alcalde fue destituido por corrupción. Eso indica que ni presenta terna ni presenta candidato”, dijo Barreras. 

Sobre el futuro de esta iniciativa el Senador indicó que “yo creo que ese debe ser un elemento que debe hacer parte de la reforma política que avance en la depuración de la política colombiana, y que me parece que el Gobierno debería contemplar junto con otros elementos como la defensa de las minorías y la oposición, y la movilidad política, particularmente el tema de la escisión que me parece necesaria, y que el Gobierno no ha considerado dentro de su agenda legislativa. Me parece que esta es una propuesta que bien vale incluir cuando se decida presentar una nueva reforma política y electoral”.

 

Existen los controles

 

Para entregar un aval el Partido se cuida de que quien lo solicita entregue certificaciones de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Fiscalía así como las referencias que indiquen que no está inhabilitado para ocupar un cargo de elección popular y que es una persona de bien, señaló el presidente de la Alianza Social Independiente (ASI), Alonso Tobón.

“Cuando se da un aval, en lo que tiene que ver con nosotros, exigimos todo este mundo de cosas, pero se sabe que en lo público muchas veces la gente entra buena y sale mala. Entonces, ¿cómo se va a castigar al partido por eso? Al partido se le puede castigar si sabiendo que ha sido una persona indeseable, mala, y sin embargo la avala, eso ya es otra cosa”, dijo el dirigente político.

Sin embargo, Tobón dijo que es una propuesta para analizar, “y tiene algo de razón el señor Roy Barreras”.

Tobón señaló también que no hay un mecanismo en la ley que responsabilice al mandatario con el partido que lo avaló en cuanto a sus actos de gobierno. “La Ley es muy clara en que los mandatarios tienen que rendir cuentas a los ciudadanos, y dentro de los ciudadanos están los partidos, pero no hay un mecanismo en la Ley, explícito, que en cada tiempo, hora y lugar, los alcaldes o los elegidos tengan que rendirle un informe al partido”.

 

 

Partido no es responsable

 

Las causales que existen hoy en el Congreso para decretar la silla vacía se podrían asimilar al caso de otras instancias de elección popular, señaló el senador Antonio Guerra, presidente de Cambio Radical. Sin embargo anotó que “yo no creería que por una circunstancia de corrupción que no es atinente al partido, vaya a perder éste la posibilidad ante la destitución de alguien avalado por ese partido de poder sustituirlo avalando a otro del mismo partido. Son dos circunstancias completamente distintas”.

El Parlamentario dijo que si el partido entregó el aval después de constatar que el aspirante tiene todos los documentos en regla, “y los hechos son posteriores cuando ya ejerce el cargo, pues la responsabilidad solo compromete a la persona avalada y el partido no tiene por qué perder ese espacio”, indicó.

 

 

Hay que buscar un mecanismo

 

Es necesario revisar un mecanismo frente a la serie de elecciones atípicas que se presentan en el país, señaló el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, quien prefirió no hacer comentarios sobre la propuesta de silla vacía regional expuesta por el senador Barreras, hasta no conocerla más a fondo.

“Hay que buscar algún mecanismo para los siguientes efectos: uno, evitar unos costos que se vienen presentando por las sucesivas elecciones atípicas en el país. Hay departamentos que han cambiado tres-cuatro veces de gobernador o municipios, alcaldes. Me parece que esa es una inversión que hay que mirar cómo se soluciona. Segundo, creo que sí tiene que apuntar el cambio de gobernador , mirando no solamente a la persona que está gobernando sino al partido que ordinariamente acuerda ponerle todos los empleados a un gobernador o alcalde, y prácticamente el partido es el que está por detrás, o sea que en algunos casos, no tiene plena autonomía uno de esos funcionarios regionales. Lo que debía es transmitirse la sanción al partido por una mala selección de la persona”.

No obstante, Cuéllar dijo que no se puede dejar que se perpetúe una persona con una terna “que manda ese partido porque va a seguir, seguramente, dirigiendo un departamento o municipio con las irregularidades cometidas por una persona de ese grupo”.

Sin embargo, Cuéllar dijo que “dejar en manos del Presidente el nombramiento o remplazo, me parece que es lesionar la democracia y simplemente imponer un centralismo en la organización del país”.

Finalmente, el exprocurador dijo que hay que buscar un mecanismo para que el Partido sienta que escogió una persona que no es idónea para administrar un departamento o municipio.

 

 

Mandatarios destituidos del actual periodo

 

Héctor Useche, primer mandatario destituido en el actual periodo como gobernador del Valle por una decisión de la Contraloría General, al encontrarlo responsable, junto con otros funcionarios, de un detrimento patrimonial por 40.767 millones de pesos que se presentó en la Industria de Licores del Valle.

 

Cielo González Villa fue inhabilitada por tres años por la Procuraduría por acumular tres sanciones de segunda instancia en menos de 5 años, por lo que debió dejar el cargo de gobernadora del Huila. La última de estas sanciones es por irregularidades en contratación.

 

Nelson Mariño fue destituido por la Procuraduría del cargo de gobernador de Casanare, además lo inhabilitó por 14 años por irregularidades en contratos.