La estrategia Bolsillos de Cristal sigue su marcha en el sector justicia. A los certeros golpes que contra la corrupción se han dado en el ente acusador, ahora se suma un importante resultado en el funcionamiento de la jurisdicción ordinaria en el Meta.

Esta investigación, denominada Operación Caballistas, es el primer gran resultado de esta política. Como resultado de ella se dispuso la imputación de cargos contra los tres (3) magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Meta y se legalizó la expedición de 24 órdenes de captura contra seis (6) jueces de garantías, asistentes de juzgados, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), abogados particulares y otros.

Las decisiones hacen parte de una investigación contra una empresa criminal de la que al parecer formaban parte servidores judiciales y abogados litigantes, que delinquía desde el año 2013 en los distritos judiciales de Meta y de Cundinamarca, y que tenía por objeto otorgar indebidamente subrogados penales a favor de los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias.

Los beneficiarios de estas medidas particularmente eran personas procesadas por delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico ilícito de estupefacientes, según lo tiene acreditado la Fiscalía.

En audiencia de imputación, programada para el 10 de julio próximo, la Fiscalía le solicitará al Tribunal Superior de Bogotá que les imponga medida de aseguramiento a los magistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño.

Estos funcionarios junto con las otras 24 personas deberán comparecer como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer, y prevaricato por acción en concurso homogéneo.

Días atrás la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura sellaron una alianza en orden a preservar la integridad de la justicia frente a los riesgos de la corrupción.

Al anunciar estas decisiones, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, manifestó que “la corrupción constituye una amenaza institucional intolerable y mucho más cuando se trata de la administración de justicia. Si la sal se corrompe será imposible extirpar este cáncer social”.