El representante a la Cámara Iván Cepeda consideró que la reciente decisión del Incoder de declarar baldíos los predios correspondientes a más de 1.200 hectáreas de la antigua Hacienda Bellacruz,  en el departamento del Cesar, constituye un paso significativo para las víctimas de desplazamiento por parte de los paramilitares.

Cepeda dijo que la medida es emblemática porque “demuestra cómo las comunidades campesinas, que buscan hacer válida su titularidad de la tierra, se ven enfrentadas a un poderoso consorcio que durante años se ha beneficiado del desplazamiento forzado de más de 13 veredas de campesinos en la década del noventa, para desarrollar un proyecto agroindustrial de palma aceitera”.

“Este es un paso determinante en el reconocimiento del derecho a la tierra que tienen estas familias. Llevan años luchando por lo que perdieron por causa del desplazamiento perpetrado por los paramilitares, secundados por empresarios que los promovieron y los financiaron en sus acciones criminales”, señaló el Representante.

El fallo del Incoder concluyó que las empresas La Gloria S.A.S., M.R. Inversiones S.A.S., La Dolce Vita State Inc., y el grupo agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. que explotan actualmente los predios, no son ocupantes de buena fe y ocupan de manera indebida los terrenos.

El Parlamentario  recordó que hace un año le dirigió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, solicitando que ese organismo se abstuviera de considerar como participante activo del Pacto Mundial al Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria, por considerar que no cumple con los principios exigidos como el del respeto a los derechos humanos, ya que en este proyecto no solo participa Efromovich a través de la Dolce Vita, sino que dentro de sus socios se encuentra la familia Marulanda, reconocida por sus vínculos con los grupos paramilitares de la región.