Mientras el Gobierno defiende por estos días la permanencia del tema de fuero militar en la reforma a la Justicia, el Congreso espera seguir debatiendo después de marzo uno relacionado: la defensoría técnica de los uniformados.

Se trata del proyecto de Ley 194 de 2011 Cámara, “por medio del cual se deroga la Ley 1224 de 2008 y se dictan otras disposiciones”, radicado el 23 de marzo por el entonces ministro de Defensa Rodrigo Rivera.
La iniciativa, que ya fue aprobada por la Comisión Segunda de la Cámara el 23 de agosto, busca implementar un servicio integral de defensoría para los miembros de la Fuerza Pública, que garantice el debido proceso a partir de una adecuada y eficaz defensa jurídica en materia penal, bien sea jurisdicción ordinaria y especial en el orden nacional, internacional y de terceros Estados, y en materia disciplinaria. En este momento, el derecho a la defensa técnica se reduce en materia penal a la jurisdicción nacional.
Ahora que el tema pasa a la plenaria de la Cámara para segundo debate, Simón Gaviria, presidente de esa corporación y Jefe Único del Partido Liberal, reiteró su respaldo y el de su colectividad: “Queremos ayudar al Gobierno con el más sincero interés para que este proyecto de Ley tenga un trámite expedito y un gran dinamismo, pues lo consideramos de vital importancia para el país”, pues “hay cierta preocupación entre nuestros soldados y policías por el tema de la defensa judicial”.
Pero para el representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, “la propuesta presenta varios vicios de inconstitucionalidad estructurales, que se relacionan con el fuero militar, la violación al derecho de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, y el desconocimiento de las normas establecidas por los tribunales internacionales sobre crímenes de lesa humanidad”.
Según Cepeda, “plantear una crítica a las normas, expresar reparos o llevar a cabo demandas a través de las cuales se pretenda reconocer la supremacía de los derechos humanos, no hace parte de ninguna guerra jurídica; esa es una interpretación malintencionada del asunto”.