La Mesa superó la prueba ácida y aunque tomó un nuevo aire, debe afrontar el reto de negociar de forma paralela la agenda y el “desescalamiento”. Debate sobre delito político y narcotráfico, más que oportuno

Al cierre de la semana pasada, el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc se encontraba en plena crisis. Incluso, a partir de la ya anunciada liberación, el domingo, del secuestrado general Rubén Darío Alzate, tres eran las opciones que estaban sobre la mesa.

La primera iba dirigida a que la negociación podría entrar en una especie de barrena, puesto que más allá de la superación de la crisis puntual derivada del secuestro del general, los tres militares y una abogada, el hecho de que una circunstancia propia del conflicto hubiera afectado el ritmo de una Mesa, que llevaba ya dos años funcionando sin importar lo que pasara en el terreno militar en Colombia, abría una compuerta para que, de ahora en adelante, a cada tanto las tratativas se tengan que suspender por circunstancias bélicas. Y es que, precisamente, negociar en medio de la guerra fue el elemento que permitió que en La Habana se avanzara en los preacuerdos sobre tres puntos de la agenda (agro, participación política y narcotráfico) y se estuviera discutiendo uno más (el quinto relacionado con víctimas) así como adelantando en temas como el desarme, relacionado con el punto tercero (superación del conflicto).

Una segunda opción se circunscribía a que lo mejor que se podía esperar era que, liberados los cautivos, el proceso se reactivara en el mismo punto en donde a mediados de noviembre se suspendió. En otras palabras, que las partes se reunieran en La Habana, dieran por superada esta crisis puntual, acordaran que no se volvería a congelar la Mesa por un hecho militar y, por ende, se retomara la discusión sobre la reparación a las víctimas. Es síntesis, que la crisis se tomara apenas como un episodio aislado y se volviera a trabajar bajo la regla del juego de “negociar en medio del conflicto”, sin importar lo que pasara en Colombia.

La tercera opción era aún más compleja: que la superación de esta crisis puntual le sirviera a las partes para no sólo sacar lecciones importantes y concretas sobre los correctivos a adoptar, sino para darle un empujón superlativo al ritmo del proceso, de forma tal que el fin de la guerra esté cada día más cerca.

Un poco de las tres

¿Al final qué alternativa terminó primando? Paradójicamente hubo un poco de cada una. Tras dos días de tensas conversaciones a puerta cerrada en La Habana, las delegaciones de Gobierno y Farc decidieron reactivar la Mesa de Negociación a partir del próximo 10 de diciembre, pero crearon un mecanismo, a través de los países garantes, para facilitar la solución de futuras crisis. Esto fue entendido por los analistas como un anunció tácito en torno a que si hay nuevos hechos del conflicto armado que impacten a la opinión pública o a la propia Mesa, entonces una instancia ya creada tramitará la solución respectiva sin que ello implique congelar las tratativas. En otras palabras, la regla base de “negociar en medio del conflicto” se flexibiliza, pues los hechos de guerra sí se tratarán en La Habana, lo que podría distraer o quitarle ritmo a la negociación. Un riesgo advertido en la opción uno.

En segundo lugar, las partes anunciaron que si bien el tema del “desescalamiento” del conflicto será el abordado en la reactivación de la Mesa, no por ello la agenda que se venía discutiendo se aplaza o queda relegada. De allí que paralelamente se retomará la discusión sobre las víctimas e incluso el 16 de diciembre se escuchará en la Mesa la quinta y última delegación de representantes de los afectados por el conflicto. Y un día antes también se recibirá la primera delegación de organizaciones en el marco de la subcomisión de género. En síntesis, se retoma la agenda de negociación, aunque de forma simultánea se trabaje en temas para disminuir la intensidad de la guerra. Se cumple así medianamente con el escenario descrito en la opción dos.

Ahora, el hecho de que las partes hayan indicado que la idea de abocar el tema del “desescalamiento” del conflicto tiene por objetivo llegar a un acuerdo lo más pronto posible, es sin duda un avance superlativo en el proceso (ver recuadro con menú de alternativas). No hay que olvidar que, precisamente, una de las críticas más reiteradas a la utilidad de la negociación con las Farc es que así la guerrilla en Cuba diga que tiene voluntad de paz, sus ataques terroristas y acciones militares en Colombia evidenciarían todo lo contrario. En ese orden de ideas, entonces, cuando las partes pactan avanzar en medidas para la disminución del conflicto desde ya, lo que están haciendo en proteger el proceso mismo, no dejar que continúe cayendo el apoyo popular y de otros sectores a la búsqueda de una salida política a la guerra, puesto que, como se sabe, al final todo lo que se acuerde con las Farc debe ir a refrendación popular en las urnas. Desde ese punto de vista, entonces, al final de la crisis sí salió un empujón al proceso, tal como se planteaba en la opción tres ¿Qué tan efectivo sea ese nuevo aire? Sólo el tiempo lo dirá, pues las tratativas van hasta el 17 de diciembre y sólo se reanudarán a mediados de enero. Muchas cosas pueden pasar en el entretanto.

Delito político

Pero no sólo la movida de la paz esta semana corrió por cuenta de la liberación de los militares cautivos (y la posterior renuncia de Alzate), así como de la forma en que Gobierno y Farc maniobraron para reactivar la negociación, sino que en Colombia también se prendió un debate que más temprano que tarde debía darse: cómo tramitar el hecho de que la guerrilla esté relacionada de forma tan directa con el narcotráfico.

Si bien, según el Marco Jurídico para la Paz, le corresponderá al Congreso, luego de firmado y refrendado en las urnas el pacto con las Farc, aprobar una ley estatutaria que defina qué delitos comunes pueden ser conexos con el delito político, específicamente el de “rebelión”, lo cierto es que en la Mesa de Negociaciones será en donde primero dicho tema comience a perfilarse cuando las partes discutan lo relativo a mecanismos de justicia transicional y de participación política para los cabecillas de las Farc, e incluso el blindaje ante el riesgo de extradición.

En ese orden de ideas, la afirmación presidencial en torno a que debería ampliarse el ámbito del delito político y evaluar si puede considerarse el narcotráfico como delito conexo, no fue en modo alguno un ‘descache’ del Jefe de Estado, sino que puso sobre la mesa un debate que debe empezar a evaluarse a fondo, con pros y contra. La marcada división de criterios al respecto evidenciada esta semana, hace más urgente que se asuma ya la discusión y que sus puntos de vista sirvan de insumo para Gobierno, Farc, Congreso, partidos y opinión pública en general. Dejar la discusión para después, sería claramente contraproducente.

Como se ve, esta semana el proceso de paz termina con la maquinaria a todo vapor, aunque la pregunta continúa siendo la misma ¿llegará a buen puerto?