Con el argumento que existe una élite en Colombia que se ha enriquecido con la guerra y busca sabotear el proceso de paz para seguir amasando riquezas, siguió defendiéndose el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, ante una inminente destitución e inhabilidad por parte de la Procuraduría.

"Si las reuniones en La Habana fuesen perjudicadas por lo que pudiese acontecer con la Alcaldía, yo mismo iría a La Habana para pedir que no se dejen influenciar por lo que pueda pasar, porque por encima de todo y de cualquier circunstancia lo que hay que salvar antes que nada y por nuestros propios hijos, es ese proceso de paz", señaló el mandatario capitalino.

Para el alcalde Petro, el proceso de paz no solo debe ser defendido por la ciudadanía en general, sino que además debe ser "blindado, apoyado, fortalecido y legitimado, y cualquiera de las circunstancias no deben perjudicar el proceso de paz, además porque eso es lo que buscan quienes presionan a la Procuraduría para que provoque un golpe institucional contra la Alcaldía".

De igual manera, Petro dijo que uno de los intereses ocultos de las presiones que algunas fuerzas ejercen sobre la Procuraduría para lograr su destitución es alterar los diálogos de paz, por lo que debe ser aún más blindado.

"Lo están haciendo, no solo pensando en que el alcalde es de izquierda y hay que tumbarlo a como dé lugar, sino fundamentalmente porque buscan sabotear las posibilidades de acabar la guerra en Colombia porque el conflicto ha mantenido una élite a la que yo le llamo el poder mafioso", manifestó Petro.

El alcalde Petro, en entrevista con La W, aseguró que la investigación que actualmente la Procuraduría adelanta en su contra, por el nuevo modelo de aseo en la capital colombiana, es “un golpe contra una forma de gobernar diferente solo porque es diferente, no porque el que está gobernando de manera diferente cometa delitos. Es un golpe a la democracia y en esa medida lo que genera en adelante es barbarie, porque lo contrario a la democracia es la barbarie”.

Durante la entrevista, el mandatario explicó los términos de los tres cargos que le imputa la Procuraduría y aseguró que estos tienen una carga ideológica y política en su contra.

“Mire el término de los cargos y usted me dirá si no tiene una carga ideológica. Primer cargo a título de dolo, que es falta gravísima, por tanto destitución: haber tomado la decisión, para el segundo semestre de 2012, y en su condición de Alcalde Mayor de Bogotá y jefe de la Administración Distrital, de que las empresas del Distrito de Bogotá asumieran la prestación del servicio público de aseo. Es decir, el primer cargo con el cual se me intenta destituir, es por haber tomado la decisión de que empresas públicas ejercieran y prestaran el servicio de aseo. ¿Eso qué es? Que otra persona dijera que el cargo debe ser por haber privatizado el servicio de aseo, que además nos deja 217.000 millones de pesos que tenemos que pagar este año y el año entrante por el derrumbe del relleno Doña Juana en 1997. Son posiciones políticas, igual que hay personas que defienden la privatización de los servicios públicos, hay otras que no vemos por qué tiene que ser pecaminoso el hecho de que una empresa pública pueda prestar un servicio”, explicó Petro.

El alcalde preguntó: “¿Por qué no es disciplinable que particulares presten servicios públicos, pero sí es disciplinable que el Estado los preste?”. Y aseguró que “ahí hay una carga ideológica. Estamos ante un abuso ideológico que no está contemplado en la normatividad colombiana”, detallando que el servicio de aseo en Bogotá no lo presta exclusivamente la empresa pública del Distrito, sino que “hay empresas privadas prestando el servicio de aseo, hay una empresa pública prestando el servicio y hay miles de operadores privados prestando el servicio, que se llaman recicladores, y que por primera vez son reconocidos por la legislación distrital”.

El alcalde Petro aseguró que aunque es cierto que una eventual destitución de su gobierno podría deslegitimar el hecho de que a un exmilitante de un grupo guerrillero se le permita participar de una manera legal en política, ningún resultado de esa investigación puede perjudicar la paz.