Acompañamiento permanente frente un delicado y particular caso de desplazamiento forzado, desde Buenaventura hacia el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, realiza la Defensoría del Pueblo a través de su Regional en esa zona, en virtud del desarraigo que padecen 112 integrantes de una misma familia.

Se trata de 32 mujeres, 26 adultos, dos personas de la tercera edad y 52 niños, niñas y adolescentes, quienes abandonaron sus casas y negocios en el barrio La Floresta de la Comuna 12 de Buenaventura por amenazas y extorsiones del grupo armado ilegal “La Empresa”.

Al cabo de una visita humanitaria realizada al barrio El Jazmín de Jamundí, a donde llegó esta familia en busca de ayuda, la Defensoría del Pueblo constató las precarias condiciones en que permanecen albergados, toda vez que los hombres pasan la noche sobre el tablado de un aserradero, y las mujeres junto con los niños y ancianos duermen sobre colchonetas en el piso en un par de casas improvisadas para su estancia.

La Defensoría solicitó la intervención urgente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, puesto que de los 25 menores de entre 0 y 5 años y los 27 de 6 a 17, hay 45 que ya padecen enfermedades respiratorias y brotes contagiosos como la varicela, lo cual hace aún más compleja la realidad para estas personas que han sido revictimizadas por el conflicto en el Puerto.

Paralelamente, y además de la visita y gestión para el suministro de ayudas humanitarias de emergencia, la Defensoría Regional en el Valle del Cauca solicitó al Comité de Justicia Transicional la activación de un plan de contingencia para proteger a esta familia y garantizar sus derechos fundamentales.

La Institución envió copia de los requerimientos a la Alcaldía Municipal, la Gobernación y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, en el marco del conflicto armado.