La mesa en que se negociará la paz se ve muy lejana desde los precarios asentamientos de desplazados de las afueras de Bogotá, empujados hasta allí por el conflicto armado que en casi 50 años se ha cobrado cientos de miles de víctimas.

En Soacha, un deprimido suburbio capitalino, madres que escaparon con sus hijos de la violencia son escépticas con respecto a los diálogos entre el gobierno y la guerrilla comunista de las FARC, que se inician a partir de la próxima semana en La Habana.

Incluso si en Cuba se llegara a un acuerdo de paz, hace tiempo que estas mujeres perdieron la esperanza de recuperar su vida anterior.

"¿Qué saco yo con salir corriendo con todos mis chinos (niños) otra vez para allá? Eso es sacarlos de estudiar, atrasarlos. Ya mi vida la hice aquí", explica a la AFP Sol Camelo, de El Salado (Antioquia, noroeste), quien trata de alimentar a sus seis hijos pidiendo limosna.

El conflicto armado colombiano -una maraña de pugnas y alianzas entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y fuerzas de seguridad- ha tenido un costo incuantificable en vidas civiles y ha provocado el desplazamiento interno de casi cuatro millones de colombianos, una de las cifras más altas del mundo.

Aunque son un colectivo poco organizado y sin representante en la mesa de paz, el drama de los desplazados forzosos debería aparecer en al menos dos de los cinco puntos de la agenda de La Habana: la desigualdad en el acceso al campo y la situación de las víctimas.

Expulsada de su tierra sin saber por qué

Eva era una líder social de Tumaco Nariño que prefiere no dar su nombre real. Hace dos años tuvo que huir de madrugada de su casa evadiendo el cerco al que durante días la sometieron milicianos de las FARC.

Los guerrilleros de la zona no le han dicho de qué la acusan pero le han dejado claro que no puede regresar. Y ella teme que esa prohibición no desaparezca aunque las FARC lleguen a un acuerdo para cesar su lucha armada.

"Yo no volvería. Porque muchos que dicen que dejan las armas en realidad no las dejan. Eso ya pasó con las AUC", recuerda Eva.

Las AUC, la organización que agrupó a los bloques paramilitares, se desmovilizó en 2006 por un acuerdo con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) pero una parte de sus integrantes no dejó las armas y se integró en bandas criminales que actualmente azotan regiones del país.

"Pasaría lo mismo con las FARC. Sólo cambiarían de nombre a pandillas o como las quiera llamar el gobierno, pero seguirían delinquiendo", asegura la joven madre, que tuvo que separarse de sus tres hijos por las amenazas que nuevamente está recibiendo para que deje su labor de organización de los desplazados.

El riesgo es latente para estos líderes. Tan sólo el año pasado, en Colombia fueron asesinados ocho representantes de campesinos que demandan recuperar las tierras que perdieron a manos de grupos armados.

"Nos toca quedarnos, nada más"

Por los bajos precios del terreno, Soacha se ha convertido en el mayor receptor de desplazados de los alrededores de Bogotá con unos 35.000 registrados, aunque se estima que muchos otros no han querido avisar de su presencia por temor a ser ubicados por los grupos violentos.

Elsa Sánchez, una recién llegada, valora la sensación de seguridad, la solidaridad de sus nuevos vecinos y que sus hijos puedan estudiar mientras se resigna a la alarmante fragilidad de su vivienda, instalada a metros de un despeñadero.

Ella, su esposo y sus dos niños duermen dentro de una carpa de tablas de madera y plásticos, que inevitablemente se inunda en días de tormenta.

Los que nos expulsaron "nos dijeron que no volviéramos más. Que si volvíamos ya acaban con uno (...) Nos toca quedarnos, nada más", reconoce.

Elsa cree que fueron ex paramilitares quienes la expulsaron de su terreno en Linares (Nariño, noroeste), un pueblo que dice que "se jodió cuando se empezó a plantar coca".

El miedo de estas madres a que los grupos armados les arrebaten a sus hijos sigue presente en la misma Soacha, donde operan varias pandillas, pero en menor medida al riesgo de sus lugares de origen.

"La mayoría de las parejas aquí se separan porque el hombre quiere volver a su tierra y la mujer no, por proteger a sus hijos, porque los pueden matar o reclutar", expone Eva.

Este temor permanente, el alejamiento de la familia, la pérdida del trabajo y la discriminación son heridas que profundizan el dolor de los desplazados forzosos. En Soacha no se cree que haya acuerdo de paz ni reconciliación que puedan reparar sus tragedias personales.

"El desplazamiento ya no se cura", sentencia Eva. "El sufrimiento de saber que estuviste al borde de la muerte, que ibas a dejar unos hijos solos (...) es algo que queda en tu mente y tu corazón hasta el día que mueras".