El empleo “de estupefacientes o de sustancias alucinógenas ha estado por años estigmatizado o penalizado, bien como delito o como una enfermedad más”: Alba Luz Pinilla.

Un nueva reforma constitucional para despenalizar el consumo personal de sustancias estupefacientes o alucinógenas será  sometida a debate en marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias del Congreso.
Se trata del proyecto de acto legislativo número 181 de 2012 Cámara, “por medio del cual se modifica el artículo 49 en sus incisos 6° y 7° de la Constitución Política”, radicado hace pocos días por la representante Alba Luz Pinilla, del Polo Democrático.
De acuerdo a lo consignado en la exposición de motivos, Pinilla consideró que “el consumo de estupefacientes o de sustancias alucinógenas ha estado por años estigmatizado o penalizado, bien como delito o como una enfermedad más, de la que se debe proteger a la sociedad y sobre todo al individuo que la consume”.
La representante Pinilla citó en su exposición a David Restrepo, que en su texto “Despenalización del consumo de cocaína en Colombia”, habló de lo que denominó la Teoría del Etiquetamiento, “la cual proviene de esa clase socialmente dominante que pone peyorativamente etiquetas a los individuos; sin embargo, no debe seguirse viendo como una problemática de carácter netamente jurídico, político o cultural, es un tema que más allá de prejuicios morales, exige acomodarse a una realidad social, un ‘problema’ como muchos autores, juristas y legisladores lo denominan, que debe verse desde la salud pública y el hecho de coartar la libertad y el libre desarrollo de la personalidad de un ser humano frente a intereses y miradas de carácter moral y colectivo”.
Así, precisó Pinilla, “el trato que debe darse por lo tanto no debe ser restrictivo y sesgado ante un notable aumento en el consumo de estupefacientes, de producción y fabricación de los mismos (el narcotráfico), cuestiones que deben abordarse en conjunto, como un mecanismo integral que comporta una serie de actitudes y actividades que antes de estar consideradas desde una perspectiva prohibicionista o restrictiva y como bien tiene señalarlo el reconocido investigador Rodrigo Uprimny en su escrito ‘Drogas, Derecho y Democracia’, no se puede recurrir a esto para justificar la penalización de un comportamiento en una sociedad democrática, pues esto degenera en una violación al Libre Desarrollo de la Personalidad al obligar a una persona a seguir conductas o lineamientos morales que no son propios de su proyecto y forma de vida”.