Al considerar que un adicto es un “enfermo crónico” que no debe ser castigado sino tratado adecuadamente, la Organización de Estados Americanos, OEA, en un informe de 400 páginas entregado ayer por el secretario General, José Miguel Insulza al presidente Juan Manuel Santos, establece que “la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública”.
Señala que “si no es posible pasar de la noche a la mañana a un cambio radical en el tratamiento de los adictos, al menos debería comenzarse con métodos transicionales, como las cortes de drogas, la reducción sustantiva de penas y la rehabilitación”.
Afirma en uno de los apartes del Informe Analítico, que “las medidas restrictivas de libertad son antagónicas de este enfoque y sólo deberían usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la sociedad”.
Afirma que “enfrentar el problema de las drogas requiere de un enfoque múltiple, de una gran flexibilidad, de comprensión por realidades diferentes y, por sobre todo, del convencimiento de que, para ser exitosos, se debe mantener la unidad de nuestros países admitiendo la diversidad de sus situaciones particulares”.
Establece el informe, realizado tras la solicitud presentada por el presidente Santos en la pasada Cumbre de las Américas en Cartagena, que “una mayor flexibilidad podría llevar a aceptar la posibilidad de transformaciones de las legislaciones nacionales o de impulsar cambios en la legislación internacional. En el plano de las convenciones de las Naciones Unidas, las transformaciones surgirán de la posibilidad que el actual sistema de control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas se flexibilice y permita que los países exploren colectivamente opciones en materia de política sobre drogas, que tengan en consideración necesidades, conductas y tradiciones particulares de cada uno de ellos”.
Al entregar el informe, Insulza aseguró que “nos anima la sincera aspiración, que hoy tengo el privilegio de exponer al continente entero, de que él no será una conclusión, sino sólo el inicio de un debate largamente esperado”.
La primera cita para arrancar el diálogo con base en el documento, que el Secretario General Insulza remitió inmediatamente a los otros 33 Estados Miembros de la OEA, será la próxima Asamblea General de la Organización Hemisférica, que se celebrará en La Antigua, Guatemala, del 4 al 6 de junio.
Por su parte, el presidente Santos señaló que “el informe que nos entrega la OEA es pieza vital en la construcción colectiva de una forma que nos permita enfrentar este problema”.
“Este documento tiene que ser conocido, divulgado y analizado no sólo en el Hemisferio, sino en el mundo entero. Estamos muy satisfechos, porque la calidad del informe es realmente excepcional. Esto era lo que queríamos, evidencia empírica sin prejuicios, y ahora comienza el verdadero trabajo, que es la discusión a nivel político”, continuó el Presidente Santos.
“Que quede claro que aquí nadie está defendiendo ninguna postura, ni la legalización, ni la regulación, ni la guerra a cualquier precio. Lo que tenemos que hacer es usar estudios serios y ponderados como el que hoy nos presenta la OEA para buscar mejores soluciones. No tengo dudas de que todos compartimos un destino común, en lo que a veces diferimos es en el cómo, y este informe nos va ayudar a ponernos de acuerdo, será la base para la discusión tan aplazada”, agregó Santos.
Insulza explicó que en el informe “hemos procurado no callar ni ocultar nada”, para así “mostrar el problema tal cual es y cómo se manifiesta, de diferentes maneras, en nuestros diversos países y subregiones; mostrar el volumen de dinero que mueve y quiénes se benefician de él; cómo erosiona nuestra organización social y cómo debilita la salud de nuestros pueblos, la calidad de nuestros gobiernos y aún de nuestra democracia”.
Insulza mostró algunas duras cifras contenidas en el Informe, que fue elaborado por un equipo de expertos que trabajó bajo su dirección durante un año, que indican que en las Américas “se encuentra aproximadamente el 45 por ciento del total de los consumidores de cocaína en el mundo, aproximadamente la mitad de los de heroína y una cuarta parte del total de los de marihuana. Se ha incrementado el consumo de pasta base de cocaína, de crack, de inhalables, de drogas sintéticas y el uso indebido de fármacos legales”.
Agregó que este consumo “genera en nuestro hemisferio un negocio ilícito que, sólo en los mercados de venta minorista, se sitúa en alrededor de los 151.000 millones de dólares”.
Explicó que aunque el impacto del fenómeno de las drogas afecta a los países de manera diversa, “la preocupación por ellas nos une a todos”, porque “la relación entre drogas y violencia es uno de los principales factores del temor de nuestros ciudadanos y ha contribuido a llevar el tema de la seguridad a los primeros asuntos de preocupación para los ciudadanos de todo el Hemisferio”.
Siguiendo esta línea de reflexión, Insulza dijo que “esta situación debe ser enfrentada con mayor realismo y mayor eficacia si queremos avanzar en soluciones efectivas” y con mayor claridad apuntó que “todos quienes tenemos responsabilidades en el ámbito público, le debemos a los millones de mujeres y hombres, de jóvenes y adultos mayores, de madres y padres, de niñas y de niños que hoy se sienten amenazados, respuestas claras y políticas públicas eficaces para enfrenar este flagelo”.
En la primera parte, indicó, “seguimos todo el proceso de la droga en la región, la única en el mundo en la cual todas sus etapas se hacen presentes de manera dominante: el cultivo, la producción, la distribución y la venta final de sustancias controladas. En cada etapa revisamos las distintas expresiones que adopta la actividad, así como su impacto ambiental y la reacción del Estado, sus consecuencias y limitaciones”. Comentó que se examinó “el consumo de las diferentes drogas en nuestros países, sus efectos sobre la exclusión social y el ejercicio de los derechos humanos, las formas de tratamiento y prevención posibles y practicados en la actualidad y, nuevamente, la reacción de nuestros Estados”.
En la segunda parte, apuntó que “tres de los cuatro escenarios expuestos –“Juntos”, “Caminos” y “Resiliencia”- describen distintas alternativas de futuro según se ponga el acento en el fortalecimiento institucional, la experimentación con modificaciones legales o la capacidad de reacción ante el problema desde la comunidad. El cuarto, “Ruptura”, nos advierte sobre lo que podría ocurrir si no somos capaces en el corto plazo de arribar a una visión compartida que nos permita sumar nuestros esfuerzos para enfrentar el problema, respetando al mismo tiempo nuestra diversidad frente a él”.
Además, el Secretario General de la OEA presentó cuatro conclusiones: es necesario tratar el problema de acuerdo a cada realidad; los países con menos recursos y menor fortaleza institucional tienen más dificultades para hacer frente al impacto del narcotráfico; el fenómeno requiere un enfoque de salud pública; y el enfoque del problema debe ser múltiple, flexible, comprensivo de las diferencias y debe contar con la unidad en la diversidad.
Para la OEA, no existe un solo “problema de drogas en las Américas”, sino múltiples, causados por el cultivo, la producción, el tránsito, la venta y consumo.
“El problema de salud asociado al consumo de sustancias está presente en todos nuestros países, pues en todos ellos existe evidencia de uso de drogas. Sin embargo los efectos de ese problema en términos del número de las personas afectadas, son mayores en los países de Norteamérica, en que ese consumo es mayor, sin perjuicio que el consumo, está aumentando en otros países”, señaló.
Explicó que “por contraste, el impacto en la economía, las relaciones sociales, la seguridad y la gobernabilidad democrática es mayor en los países de cultivo, producción y tránsito situados en América del Sur, América Central, México y en el Caribe. En los países de Norteamérica, que son los principales lugares de destino final de las sustancias traficadas, esas manifestaciones del problema son mucho menores”.
Para la OEA, la mayoría de quienes actúan como productores, traficantes y comerciantes de drogas, incluidos los sicarios de las bandas del delito organizado, son personas provenientes de áreas vulnerables de nuestras sociedades y en la mayoría de los casos han sido objeto de desigualdad de oportunidades, baja escolaridad y pobreza familiar.
También establece que el consumo, si bien transversal a la sociedad, tiende a su vez a ser proporcionalmente mayor entre esos mismos sectores vulnerables que, por el tipo de consumos (inhalables, cocaínas fumables), suelen correr mayores riesgos a la vez que por su misma condición de marginalidad suelen tener un menor acceso a procedimientos de tratamiento y rehabilitación.
“Todas las drogas son potencialmente perjudiciales para la salud, incluso las legales como el alcohol y el tabaco. Pero es también evidente que algunas drogas son más perjudiciales que otras, como la heroína y las cocaínas incluyendo sus versiones de clorhidrato o fumables”.