Sanción definitiva dio el Senado uruguayo a una ley que despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones, lo que convierte al país en el segundo de Latinoamérica en permitir el aborto, después de Cuba.

En el resto de la región, la interrupción del embarazo es también legal solo en Ciudad de México, Guyana y Puerto Rico.

La iniciativa fue aprobada con 17 votos de 31, con el respaldo de los 16 legisladores del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) y del senador Jorge Saravia, ex integrante del FA y que actualmente milita en el opositor Partido Nacional.

El proyecto ya había sido aprobado el 25 de septiembre por la Cámara de Diputados, por una ajustada mayoría de 50 votos a favor y 49 en contra, por lo que ahora solo resta que sea promulgado por el Poder Ejecutivo.

El Parlamento puso así fin a décadas de debates sobre un tema que ha dividido a la sociedad uruguaya, tras el fracaso de cerca de una decena de proyectos de legalización del aborto desde 1978.

El más reciente fue en 2008, cuando el Parlamento habilitó la interrupción del embarazo pero la norma fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez -el primero de izquierda en el país- alegando "principios éticos".

En cambio, su sucesor José Mujica ya anunció que no vetará esta iniciativa.

El proyecto aprobado -que implicó una negociación con el Partido Independiente (PI) para lograr los votos en la cámara de Diputados- prevé no penalizar la interrupción del embarazo si la mujer que quiera abortar se entrevista con un equipo interdisciplinario que le informará sobre los riesgos, las alternativas, los programas de apoyo a la maternidad y los de adopción.

Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, en ese caso dentro de las 14 semanas de gestación.

El debate enfrentó a quienes defendieron el derecho del embrión con quienes consideraron el proyecto una alternativa a la ineficacia de la ley actual, vigente desde 1938 y que pena con prisión a la mujer que consienta un aborto y a quien colabore con el mismo.

"Esta ley está alineada con los consensos sociales actuales en Uruguay", dijo el senador del FA Luis Gallo, enfatizando que "la sociedad no considera que la mujer delinque cuando aborta"./AFP