La fiscalía de Cataluña se querelló  contra el presidente de esa región, Carles Puigdemont, y su gabinete por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, por convocar un referéndum de autodeterminación de España ya declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

"La convocatoria del referéndum no es solamente ilegal sino delictiva, al consumar una flagrante violación del mandato del Tribunal Constitucional", explicó la fiscalía en su querella, interpuesta este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La querella pide que se dispongan medidas cautelares para "el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados, incluyendo la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía o por el valor que prudencialmente se fije".

Este recurso había sido anunciado el jueves por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dentro de las acciones legales emprendidas por Madrid contra el referendo, que el gobierno independentista de Cataluña está decidido a realizar el 1 de octubre.

El Tribunal Constitucional, que desde 2014 ha dictado autos considerando ilegal un referéndum de esa naturaleza, suspendió la noche del jueves la consulta, al admitir a trámite recursos presentados por el ejecutivo de Mariano Rajoy, que alega que el futuro de una región española debe ser decidido por el conjunto de los españoles.

Según la querella, Puigdemont y las doce personas que integran su gobierno "se han negado abiertamente a dar el debido cumplimiento" a las resoluciones "del máximo intérprete de la Constitución" y han utilizado "arbitrariamente las potestades" de su cargo para convocar el referéndum, por lo que habrían incurrido en desobediencia y prevaricación.

Asimismo, "no pueden desconocer que su decisión de convocar el referéndum de autodeterminación conlleva necesariamente el uso ilegal de fondos públicos", por lo que cometerían malversación.

La fiscalía catalana presentó otra querella contra la presidenta del parlamento regional, Carme Forcadell, y otros directivos del legislativo por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, por haber tramitado la ley para convocar el referéndum.

El Tribunal Superior de Cataluña comenzará a estudiar la tarde del viernes si admite a trámite ambas querellas, señaló la corte en un comunicado.