El actual desminado en Colombia es parcial y "humanitario", en tanto que se avance en las negociaciones sobre ese tema con el gobierno, aclararon ayer las Farc en La Habana.

"Nosotros estamos por la limpieza de los territorios. Se van a escoger tres o cuatro territorios, pero es un desminado humanitario en esta etapa. La gente nuestra, en la profundidad de la selva, no va a dejar de defenderse", dijo el negociador Rodrigo Granda a la prensa.

Por el momento, añadió, están quitando las minas “en las partes donde se afecte inmediatamente a la población civil”.

Granda admitió que este "es un problema bastante crítico" por su antiguedad, pues algunas de las personas que colocaron minas hace décadas, murieron posterioremente.

Además, enfatizó, que el desminado no es sólo un problema de las Farc, "ahí ha minado el ejército, que a veces coge nuestras minas, las traslada a otro sitio. Han minado los paramilitares que son fuerzas componentes del ejército y otras organizaciones", dijo.

"En algunos sitios hay bombas lanzadas desde los aviones de 500 o más libras enterradas y ahí como que nadie hace escándalo y si una mina o una bomba de esas a cuántos mata", agregó.

Mesa sobre desminado

Desde el sábado, en La Habana, una delegación de expertos del gobierno de Colombia, integrada mayoritariamente por militares, discute con la guerrilla los pormenores del acuerdo de desminado alcanzado hace dos semanas entre los negociadores de paz.

"Los expertos del gobierno van a estar aquí a partir de hoy discutiendo el tema del desminado con las Farc", dijo a la AFP una fuente de la delegación oficial, sin precisar detalles de la reunión ni su extensión.

La comitiva, que llegó el viernes a la isla, está integrada por el director de Acción Contra Minas de la Presidencia, general Rafael Colón; el delegado del Ministerio de Defensa y Fuerzas Militares para el desminado, general Néstor Robinson; el comandante del Batallón de Desminado Humanitario (Bides), coronel Willington Benítez; y la asesora Marisol Peñaloza.

El gobierno y las Farc anunciaron el 7 de marzo el acuerdo de desminado al cerrar el trigésimo tercer ciclo de pláticas de paz en La Habana, en el marco del proceso que iniciaron en noviembre de 2012.

El pacto, un histórico compromiso para detectar y desactivar en conjunto las minas antipersonales sembradas en al menos 668 de los 1.100 municipios de Colombia, contempla el apoyo de una organización noruega especializada en desminado y la participación de miembros de las Farc y de las comunidades afectadas.

En declaraciones que formuló el martes a Radio Caracol, el general retirado Óscar Naranjo, plenipotenciario del gobierno en las pláticas con la guerrilla, destacó que el plan de desminado comenzaría a aplicarse "en un máximo de seis semanas", en "por lo menos en dos o tres lugares determinados por la mesa" de negociación.

Según Naranjo, desde 1990 las minas antipersonales han dejado en Colombia 11.006 víctimas, entre muertos y heridos.

La guerrilla no se pronunció este sábado sobre la reunión con los expertos del gobierno, y se limitó a arremeter contra el magistrado Jorge Pretelt, indagado por supuesta corrupción, en un comunicado leído a la prensa por el jefe guerrillero Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape.

"El país no merece tener a un presidente de la Corte (...) como el señor Pretelt, corrupto magistrado que refleja la degradación de la institucionalidad colombiana", dijo Muñiz, subrayando que el sistema judicial colombiano "está plagado de corrupción" y requiere "cambios urgentes".

Tregua

De acuerdo con el monitoreo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, durante el tercer mes del cese unilateral al fuego y a las hostilidades que, por tiempo indefinido, decretó la guerrilla de las Farc, no se han reportado acciones bélicas, hostilidades o ataques armados que puedan considerarse violatorios de dicho anuncio.

De la misma forma, entre el 20 de febrero y el 19 de marzo de 2015, no se ha conocido de ataques armados con efectos indiscriminados, ni atentados con artefactos explosivos contra la infraestructura vial, energética y petrolera que puedan considerarse como un incumplimiento a lo anunciado por las Farc.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo considera preocupante otro tipo de acciones de las Farc que resultan claramente violatorias de los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) de los ciudadanos en las zonas de influencia donde han concentrado su acción, particularmente en Arauca, Norte de Santander, Meta, Guaviare, Vichada, Chocó, Tolima, Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Huila y Putumayo.

En estos departamentos, los habitantes resultan ser víctimas de amenazas, extorsiones, secuestros, homicidios selectivos, accidentes por minas antipersonal, restricciones a la movilidad, imposición de manuales de conducta y desplazamientos forzados, que en algunos casos se atribuyen a éste grupo guerrillero.