El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró el sábado que la salida de circulación de una revista crítica de su gobierno se debió a problemas económicos y no a límites que imponga al trabajo periodístico una nueva ley de comunicación.

La revista Vanguardia "está cerrando y mintiendo, hace rato que no le pagaban a los trabajadores, estaban atrasados con el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)", dijo el mandatario izquierdista en su informe semanal de labores en la localidad de Aromo (440 km al suroeste de Quito).

Correa, enfrentado con un sector de la prensa al que acusa de intentar desestabilizarlo, añadió que "tal vez el golpe de gracia sí fue la ley de comunicación, pero por algo positivo", pues la norma "obliga a revelar el tiraje de la revista y se audita", so pena de sanciones en caso de no ser real.

"Para vender publicidad, Vanguardia decía que tenía un tiraje de 15.000 ejemplares y en la realidad si llegan a 5.000 son muchos. Se les acabó la fiesta, estaban estafando a los patrocinadores, ya no pueden mentir", aseguró.

El viernes, la revista anunció que saldrá de circulación señalando que la ley de comunicación que entró en vigencia el pasado martes hace inviable su labor periodística.

En un comunicado, la publicación señaló que esa norma es un "nuevo atropello" al país y "no tolerará que el gobierno pueda determinar cuáles son los temas que deba tratar" ni que "toda la libertad de información sea supervisada y fiscalizada por un superintendente designado por el presidente".

"Estas son las razones para dejar de circular", subrayó el boletín.

Los directivos de Vanguardia aún no han determinado si la publicación se mantendrá en internet, pero afirmaron que el lunes saldrá el último número de su edición impresa.

La ley de comunicación prevé la creación de un ente regulador con potestad para sancionar con multas a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones.

Asimismo, establece una redistribución progresiva de las frecuencias de radio y TV para conceder 34% a medios comunitarios, 33% a los públicos y 33% a los privados, mediante la asignación de las licencias disponibles y la reversión de aquellas obtenidas ilegalmente o por incumplimiento de normas, para lo que aún no hay plazos.

AFP.