Ante uninusitado aumento en la inscripción de cédulas en 34 municipios del país, la Procuraduría General de la Nación alertó a las autoridades electorales por la posibilidad de trashumancia de cara a los comicios territoriales de octubre próximo.

Por esta razón el Ministerio Público instó al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a adoptar las medidas, en el marco de sus competencias, para evitar la práctica de la trashumancia electoral.

De la inusitada inscripción de cédulas de ciudadanía ante las registradurías en varios municipios del territorio nacional tuvo conocimiento de forma oficial  la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación, situación que dispara las alertas de posible trashumancia electoral en desarrollo de las elecciones para cargos y corporaciones públicas del nivel municipal y departamental a realizarse el próximo 25 de octubre.

Según datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con corte al pasado 31 de mayo, 34 municipios de 17 departamentos presentan porcentajes de inscripciones superiores en el 60% o más frente al total de inscritos para las elecciones del 2011. Los cinco casos más críticos se registran en Campo de la Cruz, Atlántico, con el 146,80%; Palmar, Santander, con el 128,80%; Panqueva, Boyacá, con el 112,12%; Contratación, Santander, con el 105,61%, y Regidor, Bolívar, con el 89,67%.

La Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría formuló un llamado al Consejo Nacional Electoral para que, en cumplimiento de los fines estatales y con los recursos disponibles, inicie las actuaciones administrativas de rigor que conlleven a la adopción de decisiones para la anulación de inscripciones inválidas, de manera que se garantice la transparencia del ejercicio democrático de los ciudadanos en la escogencia de sus mandatarios territoriales, en virtud del artículo 316 de la Constitución Política.

Tales acciones administrativas según el Ministerio Público deberán adelantarse teniendo en cuenta, entre otros medios probatorios, la disponibilidad de la plataforma electrónica que el Consejo Nacional Electoral tiene a su disposición -como las bases de datos oficiales ANI, Sisben, RUT, DANE-, cuya información se constituye en insumo para decidir la eventual anulación de inscripciones irregulares de cédulas de ciudadanía.

Igualmente, este organismo de control insta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a examinar la necesidad de destinar los recursos que de manera ponderada y razonable requiera el Consejo Nacional Electoral para el cumplimiento de sus responsabilidades en esta materia.

Durante el reciente Comité de Seguimiento Electoral, la Registraduría Nacional  afirmó en cuanto al proceso de inscripción de cédulas que comenzó en octubre 25 del año pasado, que ya se han inscrito cerca de 600 mil personas. “A partir del primero de junio la inscripción será automatizada con el fin de que podamos cotejar la totalidad de las huellas digitales a efecto de establecer irregularidades en la inscripción. Estas anormalidades serán trasladadas a los organismos de control”, explicó el registrador Delegado en lo Electoral, Alfonso Portela.

El funcionario recordó que del 6 al 12 de julio se abrirán 11 mil puestos de votación con cerca de 5.400 máquinas para efectuar las inscripciones en una jornada masiva. “Podemos estar llegando a los cinco millones de inscritos y el reto estará en que en menos de dos meses, podamos procesar toda la información (…) hemos venido trabajando de la mano con la Fiscalía General de la Nación para hacer las revisiones a los formularios y procesos de inscripción, con el fin de que se puedan iniciar las investigaciones de trashumancia”, dijo.

Pocos recursos

Esta semana el presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Emiliano Rivera, alertó que el organismo no cuenta con los recursos necesarios para los comicios de octubre próximo y poder cumplir a cabalidad con sus funciones de inspección y control.

Es tanto que Rivera presentó la renuncia a su cargo de presidente, la cual no le fue aceptada por el pleno del Consejo Nacional Electoral.

El Magistrado dijo que para estos comicios solicitaron al Ministerio de Hacienda  32 mil millones de pesos, de los cuales finalmente fueron autorizados 19 mil millones.

“Solicitamos para trashumancia 11.800 millones de pesos, para los Tribunales de Garantía y Vigilancia 15 mil millones, para apoyo de escrutinios y tecnológicos 2 mil millones de pesos, entre otros gastos, para un total de 32 mil millones de pesos, de los cuales sólo fueron aprobados 19 mil millones”, señaló Rivera.