En medio de las denuncias en torno a más de 2 mil millones de pesos en contratos para modernizar el archivo de la Secretaría de Educación, que tiene un deficiente manejo, ayer el alcalde Mayor, Gustavo Petro Urrego, dijo que “a desmantelar carteles en la Secretaría de Educación”.

En este sentido, dentro de las investigaciones internas que ha realizado la Secretaría de Educación del Distrito desde enero hasta la fecha, llamó la atención el contrato 1217 de 2010, referente a la administración del archivo en la Secretaría de Educación. Entre 2010 y 2011 se contrató la administración del archivo por más de 2 mil millones de pesos.

Desde que inició esta Administración, uno de los principales intereses y preocupaciones del secretario de Educación, Óscar Sánchez, ha sido mejorar la calidad de vida de los docentes, eliminar trámites y agilizar servicios tan importantes para ellos como son sus cesantías, pensiones y auxilios, entre otros. Fue así como ordenó una revisión exhaustiva de cómo se estaban realizando estos trámites en la entidad.

Se encontró que hay retrasos y acumulación de procesos en correspondencia desde 2008 y sólo estaba una persona para realizar este trabajo.

Así mismo se presentan retrasos en el trámite de pensiones pues en un proceso normal una pensión de jubilación debe durar 4 meses, actualmente dura en promedio un año; mientras que una de invalidez debe durar 3 meses. En este caso se encontró que las pensiones de invalidez que se deben tramitar por Ley 100 llevan un atraso de un año.

También se halló que por falta de gestión no respondieron a tiempo los derechos de petición relacionados con el trámite de las prestaciones económicas de los docentes. Esto ha generado un promedio de 15 a 20 tutelas al día, algunas de las cuales han terminado en incidentes de desacato.

El sistema de información presenta un atraso desde 2009. Es preciso señalar que se viene alimentando con los trámites esenciales de la prestación (radicación, envío para estudio, aprobación de la Previsora y orden de pago) pero los trámites adicionales se encuentran pendientes por actualizar (solicitud de documentos, cambios de destino, desestimientos y otros).

Las medidas tomadas de urgencia van encaminadas a la renovación de la planta de personal o un incremento en diez personas, contratadas por prestación de servicios, todas con conocimientos y experiencias en prestaciones sociales. Las personas vinculadas recibieron una capacitación por parte de la Fiduciaria la Previsora durante tres días.

Para desconcentrar los procesos se crearon tres grupos de trabajo, de acuerdo al tipo de prestación que tramitan: pensiones, cesantías y fallos y tutelas, cada uno apoyado por un profesional-facilitador que se encarga de ejercer el control sobre el mismo; de igual manera se contará con un auxiliar que estará a cargo del archivo, la distribución de la correspondencia y la actualización del sistema de información.