La Procuraduría General de la Nación designó al procurador primero Judicial II Penal de Bogotá para que intervenga como agente especial dentro del proceso adelantado por la Fiscalía 54 Delegada ante el Tribunal Superior, Unidad Nacional de Investigación de Funcionarios Judiciales, en contra de una fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación de la ciudad de Neiva, Huila, y otra abogada.

A las dos capturadas el ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, teniendo como finalidad el tráfico de estupefacientes y concusión, y a la exfiscal los delitos de falsedad en documentos públicos; prevaricato por acción y omisión y asesoramiento ilegal por presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones y pertenencia a una organización criminal.

Acogiendo los argumentos expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia pública celebrada ante un juez de Control de Garantías, se impuso la medida de aseguramiento intramural en contra de las dos imputadas, negándose la sustitución por domiciliaria para evitar la obstrucción al proceso, pues de los elementos materiales probatorios expuestos se podía realizar un pronóstico claro que de recuperar la libertad se produciría una alteración o desfiguración de los medios de conocimiento; y por protección de eventual peligro para la comunidad por la aparente pertenencia a la organización criminal de “Los Urabeños”, lo que posibilita la continuación en la actividad criminal de las imputadas.