El mercado laboral que la calidad del empleo ha caído en el país frente a diferentes formas de contratación
EL OBJETIVO del Gobierno de lograr reducir el desempleo a un dígito -meta que según el presidente Juan Manuel Santos se alcanzará este año- será sin duda una de las grandes fortalezas que mostrará la economía nacional.
Sin embargo, existen varios interrogantes sobre este resultado: ¿qué ganará el país con una cifra reducida de desocupados, si la calidad de empleo es pobre?, ¿por cuánto tiempo se garantizará el desempleo de un solo dígito?, ¿también se bajará significativamente el resultado del subempleo?, ¿mejorará el salario mínimo con la caída del desempleo?, ¿habrá más formalización del empleo con poca desocupación?, ¿se beneficiarán más las ciudades que el campo con poco desempleo?
Precisamente, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 menciona como gran propósito la prosperidad de todos los colombianos, y explícitamente indica que esta se logra con “una sociedad con más empleo, menos pobreza y más seguridad”.
Sin embargo, en un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, denominado ‘Colombia a los ojos del FMI: un precario mercado laboral’, al ponderar  la implementación de una regla fiscal, la cual reducirá el déficit estructural del gobierno a 2,4% del PIB en los próximos tres años y resalta el aumento en el recaudo tributario debido a la mini-reforma tributaria de finales de 2010, el organismo multilateral ve con notable preocupación la dinámica del mercado laboral, en particular la persistencia de elevadas tasas de desempleo e informalidad.
De acuerdo a Fedesarrollo, el informe del Fondo ofrece comparaciones a nivel de América Latina y muestra que Colombia ostenta el segundo salario mínimo (SM) más alto en términos de PIB/per cápita y quizás los mayores costos no salariales (CNS) de la región.
Generación
En su diagnóstico, el Fondo coincide con lo dicho de tiempo atrás por varios investigadores locales quienes han atribuido la dificultad para la generación de empleo a los elevados gravámenes al trabajo formal para financiar la previsión, la seguridad y la asistencia social (CNS) y a la existencia de un salario mínimo que es elevado con respecto a la productividad media del trabajo e inflexible al ciclo económico.
Esta situación ha sido ampliamente debatida en el país, en el que muchos gremios han planteado la necesidad de rebajar los costos parafiscales de las empresas para poder atender los requerimientos del Gobierno para generar más puestos.
Por otro lado, un análisis de Fedesarrollo sostiene que en épocas de recesión el mercado laboral se ajusta mayoritariamente vía cantidades (mayor desempleo) y no vía precios (menores salarios).
Además, hay creciente evidencia de que ello afecta negativamente la distribución del ingreso, puesto que el salario mínimo se convierte en un obstáculo para que los no educados entren al mercado laboral formal y puedan acceder así a la previsión y a la seguridad social.
Pensiones
En particular, las pensiones son inalcanzables incluso para los trabajadores semi-calificados que migran entre la formalidad y la informalidad, sin alcanzar las semanas de cotización requeridas. De esta forma, el mercado laboral y el sistema pensional se convierten en factores claves para la reproducción de las desigualdades en Colombia.
Esta situación coincide con lo que debate que se abrió en el país sobre la necesidad de incrementar la edad de jubilación, como lo planteó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, de aumentar en dos años el tope para los trabajadores.
Considera Fedesarrollo que no es de sorprender entonces que el FMI sugiera una reforma de fondo a la legislación tributaria laboral como parte de una reforma más amplia del sistema tributario, adoptando además mecanismos para asegurar que el aumento del salario mínimo no exceda el objetivo de inflación.
Salario mínimo
Tampoco sorprenden algunas de las reacciones que el reporte del FMI suscitó en Colombia. Así por ejemplo, el Comité Ejecutivo de la CGT lo calificó de absurdo y señaló que aumentos en el salario no afectan el desempleo o la informalidad sino que, por el contrario, tienen efectos positivos al estimular el consumo interno.
A esta reacción se debe añadir la que hace poco expuso el vicepresidente de la República Angelino Garzón, al manifestar que el salario mínimo para el año entrante debía tener un incremento por encima de la inflación.
No obstante dichas reacciones, resulta interesante que en el reporte de Artículo IV del FMI se señale que “las autoridades estuvieron de acuerdo con que reducir los impuestos a la nómina sería beneficioso, pero arguyeron que habría mayores beneficios en competitividad provenientes de mejoras en infraestructura, políticas para el desarrollo de la agricultura, acuerdos de libre comercio y simplificación de la carga tributaria de las firmas”.
Valga decir, pareciera que las autoridades colombianas no controvirtieron la lógica económica de los planteamientos del FMI, más sí su oportunidad política.
Ello debe ser visto con buenos ojos, máxime si se tiene en cuenta que pocos días después el propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos, refiriéndose a los lineamientos generales que tendrá la reforma al sistema de salud que su administración se encuentra estructurando, dio a entender que considera conveniente que los costos de los servicios de salud sean asumidos por el Estado, a través de la tributación, y no mediante cotizaciones de los afiliados.
Costos parafiscales
Financiar la salud y los costos parafiscales a cargo del presupuesto nacional reduciría los impuestos al trabajo en un 17,5%. Ello ciertamente constituiría un primer paso fundamental para reducir los costos no salariales, CNS, desestimular la creciente informalización de nuestro mercado laboral y avanzar en términos de igualdad y movilidad social.
Al respecto, vale la pena mencionar lo sucedido recientemente en Brasil. En dicho país, y no obstante un cúmulo de intervenciones en el frente cambiario, no ha resultado posible reversar la apreciación del real.
En razón a ello, el gobierno tomó la decisión de introducir un programa piloto para reducir algunos costos no salariales y así permitirle a las empresas mantenerse competitivas a pesar de la apreciación cambiaria.
En particular, en cuatro sectores intensivos en mano de obra -textiles, calzado, muebles y software- las contribuciones a la seguridad social a cargo de los empleadores fueron reducidas de 20% de los salarios a 0% y la pérdida de recursos será compensada con una nueva contribución de entre 1,5% y 2,5% sobre ventas.
La disposición entrará en vigencia en diciembre de 2011 y, a manera de prueba, estará vigente por un año.
En cuanto al salario mínimo, el campo de acción para el gobierno colombiano es muy limitado en virtud del mandato de la Corte Constitucional de que éste aumente, como mínimo, con la inflación del año anterior.
En este caso, el llamado es a la prudencia, procurando no trasladarle al salario aumentos en productividad acordados en una mesa de negociación tripartita, sin soporte en la realidad.
Calidad de empleo
Por otra parte, un estudio sobre la calidad del empleo en medio de la flexibilización laboral entre 2002 y 2010, realizado por Stefano Farné, Carlos Andrés Vergara y Norma Baquero del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, demuestra que en este período mejoró la calidad del empleo en Colombia. Los índices sintéticos muestran que en su conjunto ésta ha mejorado de 68 a 70.7 en el caso de los trabajadores asalariados y de 41.4 a 44.2 en el de los trabajadores independientes.
Sin embargo, este aumento solo fue de aproximadamente 3 puntos absolutos y no se dio en una proporción adecuada frente el crecimiento sostenido de la economía –que es la variable fundamental para elevar el bienestar de la población ocupada–.
En efecto, la gestión del Gobierno anterior en materia laboral se dirigió a favorecer las modalidades de contratación atípicas y la flexibilización del mercado de trabajo, sin que ello fuera balanceado por una mejora de la inspección del trabajo y una efectiva protección al desempleo, así que “las políticas social y laboral no han podido magnificar los beneficios derivables de la mayor riqueza y productividad del país y no han permitido mejorar en la extensión deseada las condiciones cualitativas promedios de desempeño y bienestar de la fuerza de trabajo”, indica la investigación.  
Informalidad
Indica el informe que en primer lugar se ha constatado como las oportunidades de empleo mejoraron sustancialmente durante el periodo examinado, sin que se haya provocado, sin embargo, una decidida disminución de la informalidad.  De estas mejores oportunidades laborales han derivado mayor provecho las mujeres en edad adulta.
Señalan que la seguridad laboral definitivamente se debilitó como resultado de la difusión de formas flexibles y atípicas de contratación, cuales la subcontratación, las cooperativas de trabajo asociado y el trabajo por cuenta propia.  
Este último en 2010 constituía la modalidad de contratación con mayor difusión en el mercado de trabajo colombiano (41.9%).  En el caso de las mujeres la propagación de los trabajos atípicos fue en parte contrarrestada por el aumento del empleo asalariado y por una menor incidencia de algunas formas más precarias de trabajo, como  los empleos domésticos y sin remuneración.
Además, los ingresos laborales de los trabajadores por cuenta propia, tanto hombres como mujeres, profesionales y no profesionales, han crecido en términos reales durante los ocho años de análisis. Y lo mismo pasó con el salario mínimo y del personal de servicio doméstico (+10% en términos reales).  
A pesar de ello, en el mercado laboral colombiano hay una insatisfacción generalizada respecto a los ingresos devengados (32.3% subempleados por (bajos) ingresos y solo el  58.7% se declara satisfecho con el ingreso recibido).
Indica el estudio que entre 2002 y 2010 la utilización del recurso humano se intensificó, con lo cual disminuyó el empleo de tiempo parcial involuntario (de 12.5% a 10%) y el subempleo por insuficiencia de horas (de 16.6% a 12.6%).  Al mismo tiempo esta intensificación manifestó efectos colaterales, pues se duplicó la incidencia de los trabajos mental y físicamente muy exigentes (de 5.4% a 11.1%).
La cobertura de la seguridad social ha avanzado entre 2002 y 2010, pero mucho menos de lo deseado.  En Colombia el número de afiliados activos a pensiones (de 29.8% a 37.1%), salud contributiva (de 39.6% a 42.5%) y riesgos profesionales (33.7%) es todavía muy bajo y la protección contra el desempleo apenas puede definirse simbólica (0.6%).
La informalidad conlleva precarias condiciones laborales, Independientemente de si los trabajadores son asalariados (48.8) o autónomos (36.5); por el contrario, en promedio, las ocupaciones asalariadas formales son mucho mejores que las independientes, especialmente en el caso de los ocupados de las grandes empresas del sector minero (80.7) y del suministro de electricidad, gas y agua (82.7).