El destituido presidente del Gobierno de Cataluña, habló en la capital de Bélgica, por “temas de seguridad”. La justicia española lo citó a declarar el jueves y le exigió una fianza de 6,2 millones de euros. Entretanto, la independencia, poco a poco, se desvanece

__________

LA JUSTICIA española citó a declarar al presidente catalán destituido Carles Puigdemont, quien aseguró haberse instalado en Bruselas junto a parte de su gobierno por "seguridad" ante las causas judiciales abiertas contra él en España.

"No estoy aquí para pedir asilo político", sino "para poder reaccionar con libertad y seguridad", aseguró Puigdemont en Bruselas, cuatro días después de una proclamación de independencia que acabó siendo meramente simbólica.

A partir del jueves él y trece miembros de su gobierno están citados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional de Madrid, que aceptó una querella de la fiscalía por rebelión y sedición, delitos penados con hasta 30 y 15 años de cárcel respectivamente.

Este tribunal también les exige en el plazo de tres días una fianza de 6,2 millones de euros que, en caso de no ser abonados, serán embargados de sus bienes.

El líder independentista afirmó que su viaje a Bélgica no busca escapar de "la acción judicial".

Pero también advirtió que no volverían a España hasta que no pueda tener un proceso judicial con garantías de imparcialidad, por lo que es una incógnita si acudirá a la citación.

Puigdemont "no está en Bélgica por invitación ni por iniciativa del gobierno belga", precisó el primer ministro de Bélgica, Charles Michel. "Será tratado como cualquier ciudadano europeo",

¿Cuánto tiempo puede quedarse?

Cualquier nacional de un Estado de la Unión Europea (UE) puede residir 90 días en Bélgica sin problemas. Más allá de ese plazo se expone a una situación de ilegalidad, a no ser que presente un justificante de residencia motivada por trabajo, reagrupación familiar o que demuestre tener medios financieros suficientes que le permitan no trabajar.

Pero eso es en teoría. En la práctica, "si sale del territorio nacional antes de los 90 días, el ciudadano de la UE puede beneficiarse de nuevo de una residencia de tres meses", explicó a la AFP Dominique Ernould, portavoz de la Oficina de Extranjería.

El propio Puigdemont evocó el principio de "libre circulación" de personas del que pueden gozar los ciudadanos de la UE.

 ¿Puede solicitar el asilo?

Los ciudadanos de la UE pueden presentar una solicitud en otro Estado miembro, y se benefician de un procedimiento acelerado.

Pero si el líder independentista catalán reclama finalmente el asilo, hay pocas probabilidades de que se le conceda, según el Comisariado General para los Refugiados y los Apátridas (CGRA).

Probablemente la posibilidad de que Madrid emita una orden de detención en su contra fue la que llevó a Puigdemont a reunirse el lunes con un reputado abogado belga, Paul Bekaert. "Sabiendo que se le podría denunciar por rebelión, es una sabia decisión buscar un abogado", declaró este.

La fiscalía general española presentó una querella por "rebelión", "sedición" y "malversación" contra Puigdemont y los miembros de su ejecutivo, también destituidos. El delito de rebelión puede conllevar hasta 30 años de prisión.

La decisión de emitir una orden de detención depende de la jueza, que los convocó a comparecer el jueves y viernes en Madrid.

Si se emitiera, "Bélgica no tendría muchas posibilidades de rechazarlo", destacó Maxime Chomé, abogado en Bruselas.

La orden debe referirse al sospechoso de una infracción "pasible de al menos tres años de prisión", explicó, como sucede en este caso.

Existen vías de recurso si el interesado rechaza su extradición, pero llegan a término "con muy poca frecuencia", según este jurisconsulto.

Batalla electoral

Marchándose de la región días después de proclamar la nueva república, Puigdemont cedió sin resistencia la administración regional al gobierno español de Mariano Rajoy, que el viernes destituyó a su ejecutivo y adoptó medidas para tomar el control de Cataluña.

Autodenominándose "presidente legítimo de Cataluña", sostuvo que echó el freno para evitar males mayores en su choque con el poder central, incluso violencia en una sociedad cada vez más polarizada.

"No se puede construir la república de todos desde la violencia", dijo. "Si esta actitud tiene como precio ralentizar el despliegue de la república, se tiene que considerar que este es un precio razonable".

La independencia se desvanece

En una sociedad catalana profundamente dividida sobre la separación de España, y con la oposición frontal del gobierno español y la Unión Europea, la proclamación de independencia no se tradujo en nada concreto.

El pretendido "presidente de la república" y varios miembros del gobierno escaparon a Bruselas. El resto permaneció en Barcelona y según Puigdemont continuará con su actividad "como miembros legítimos del gobierno de Cataluña".

Pero en la región se asentaba la idea del fracaso de dicha declaración, no reconocida por ningún país.

"Más allá de la declaración de la independencia, tenemos que ir a los hechos", dijo a la radio Rac1 un miembro del gobierno de Puigdemont dimitido un día antes de la proclamación, Santi Vila.

La recaudación de impuestos, el control del territorio, de los puertos o los aeropuertos sigue en manos del gobierno español, e incluso la administración regional o la policía catalana lo están ahora.

"Queríamos llevar Cataluña a la preindependencia y la hemos vuelto a la preautonomía", afirmó Vila, acusando de "ingenuidad" a sus excompañeros de gobierno.

No se desvanecía, sin embargo, la acción de la justicia contra los líderes independentistas que impulsaron el referéndum inconstitucional del 1 de octubre y la posterior proclamación de la "República Catalana".

El Tribunal Supremo citó como investigada a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, investigada por rebelión y sedición por tramitar dicha proclamación.

Como Puigdemont y sus compañeros, podrían recibir también altas penas de prisión por desobedecer la prohibición del Tribunal Constitucional sobre el referéndum, que se saldó con una victoria del sí (90%) pero una baja participación (43%).

 

Síganos en nuestras redes sociales:

elnuevosiglo en Instagram

@Elnuevosiglo en Twitter

Diario El Nuevo Siglo en Facebook