La tragedia de Fundación el pasado 18 de mayo donde murieron 32 niños calcinados luego de que el bus donde viajaban se consumiera en llamas a causa de fallas mecánicas y el transporte con gasolina de contrabando , lastimosamente fue la razón para que la Contraloría prendiera la alerta y destapara un millonario desfalco.
Luego del doloroso suceso, las autoridades pusieron en el ojo del huracán al institutode Tránsito y Transporte de ese municipio del Magdalena y fue en medio de una serie de investigaciones que se logró conocer la existencia del contrato 001 del 2006.
De acuerdo al informe de revisión es que el instituto le entregó a Identificar S.A. el permiso para “implementar, operar, mantener el sistema integral de especies venales, administración de patios, grúas y expedición de diagnóstico, agentes de tránsito, recaudo de los recursos mediante cobro pre jurídico y coactivo y cobro de los servicios prestados por el organismo de tránsito, operar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del instituto por un periodo de 20 años".
Por este motivo la Contraloría general del Departamento le exigió a la entidad iniciar el proceso administrativo para terminar bilateral o unilateralmente, revisar o modificar dicho acuerdo ya que está causando un daño patrimonial y se encuentra en trasgresión a las normas legales.
Según el documento "en la entidad contratante auditada, se observa un manejo deficiente de los recursos públicos, en la medida en que se transfirió sus funciones principales y sus ingresos a un particular, que según la investigación adelantada no cumple a cabalidad con las funciones administrativas y con pocos esfuerzos se apropia en una gran parte de los dineros del Estado y de los ciudadanos de Transito"
Identificar S.A. le cobra a cada persona de Fundación 10 mil pesos por cada trámite que realice en el Instituto de Tránsito, costo que no ha sido aprobado en el Congreso, por lo que el ente de control fiscal aseveró que hay “un desvío de recursos públicos, en el sentido que la empresa Identificar S.A. se está apropiando de una suma de dinero que pagan los ciudadanos por realizar un trámite ilegalmente”.