Según una investigación de carácter fiscal realizada por la Contraloría General de la República, las irregularidades en contratación y manejo de recursos en el sector salud podrían ascender a los $21 mil millones como parte de los hallazgos fiscales realizados por la entidad.

El organismo de control ahondó en inconsistencias como recobros irregulares al Fosyga, malos manejos de los recursos de las regalías y otras trampas al erario.

Se trata de una auditoría realizada en el último año al sector salud que evidencia estos problemas en algunas regiones y ciudades del país.

Por ejemplo en el Cesar, en algunos municipios como La Jagua de Ibirico, se detectó un detrimento en los recursos de la salud para la primera infancia que superan los $15.295 millones en contratos como el suscrito con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios.

En ciudades como Cartagena también se detectaron irregularidades, como que al contrastar valores pagados contra los registros de notas de enfermería se descubrió que “existe un menor valor en cuanto a las cantidades aplicadas a los pacientes con respecto a lo facturado, lo que genera un mayor valor pagado en la suma de $524’443.000”.

También se evidencian inconsistencias en el programa de Ampliación de la Atención en Salud para la Población Pobre y Vulnerable No Afiliada y para Eventos No Cubiertos con Subsidios. Allí los sobrecostos superan los $700 millones, en la compra de medicamentos y el pago de procedimientos médicos.

En departamentos como Tolima, se revela una situación similar, con hallazgos como el pago de $3.200 millones por medicamentos y tratamientos médicos, “que desde el primero de enero de 2012 están incluidos en el POS, por lo que debían ser asumidos por las EPS”.

Del total, $2.200 millones debían ser costeados por Caprecom y los restantes $1.000 millones por otras EPS de carácter privado.

En Meta, la Contraloría evidenció también irregularidades como contratos para la construcción de hospitales que no prestan el servicio requerido como el de la población de El Tigre, que costó $890 millones. Dicho contrato fue suscrito con el consorcio Infrasalud.

También en Huila se hallaron irregularidades, en especial en Neiva, donde se usaron $4.458 millones como anticipo para la construcción de un centro de salud integral materno-infantil que fueron dilapidados porque esta obra no está en uso.