Fiscal alertó que unos 12 mil presos podrían solicitar su libertad porque en esta fecha entra en vigor la norma que regula términos de la detención preventiva. No obstante está pendiente que una comisión de la justicia defina parámetros de aplicación
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Toda suerte de cifras hay sobre el número de internos que podrían pedir su libertad a partir del próximo 1° de julio por tener más de un año en detención preventiva sin que la justicia defina su situación, ello por efectos de que entrará en vigor la Ley 1760 de 2015, la cual por petición del Gobierno al Congreso se aplazó por un año su entrada en vigencia. Se dice que se producirá una excarcelación masiva. No obstante ello podría no ser cierto porque se esperan los resultados de un análisis de una comisión de la rama judicial que presentaría los parámetros para la aplicación de la norma.
En mayo pasado el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, alertó en Manizales en un foro ‘Nuevo procedimiento penal abreviado y acusador privado’, que el próximo 1° de julio al menos 3 mil personas procesadas por delitos especiales que no han sido llamadas a juicio recobrarían su libertad.
El Fiscal recordó que para esa fecha estos internos cumplirían dos o más años de detención preventiva y podrían solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento porque la Ley 1760 de 2015 fijó los términos en que una persona pueda permanecer privada de la libertad sin ser llamada a juicio.
No obstante el pasado 1° de junio, Martínez dijo en el ‘Congreso internacional de política penitenciaria y carcelaria’, que el próximo 1° de julio cerca de 12.000 internos saldrán de la cárcel por la entrada en vigencia de la Ley 1760.
Explicó que a esa fecha la Fiscalía ha solicitado 4 mil prórrogas en los casos más graves ante jueces de garantías para que no concedan libertad.
No obstante, EL NUEVO SIGLO conoció que desde hace aproximadamente un año se conformó un comité integrado por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y los jueces, con el objeto de mirar los alcances de la norma y a quiénes aplica.
Dicho comité está trabajando en un documento que presentaría a la Rama Judicial antes del 1° de julio próximo con el fin de entregarlo a los jueces con los lineamientos sobre los casos en los cuales se puede conceder la libertad debido al vencimiento del plazo de un año que establece la Ley 1760 para la detención preventiva.
En cuanto a las cifras que se han vertido sobre la supuesta excarcelación masiva a partir del próximo 1° de julio, lo cierto es que los únicos que lo saben son los jueces porque llevan los procesos.
Una fuente indicó a este Diario que las cifras que tiene la Fiscalía sobre los internos que podrían solicitar su libertad el próximo 1° de julio serían parciales, pues tienen como fuente las condenas que ha solicitado y las medidas de aseguramiento, entre otras.
Críticas
Hace algunas semanas el Fiscal General hizo críticas por la expedición de la Ley 1760 de 2015 sin antes no asegurar que la operación del aparato judicial pueda cumplir con los términos de la detención preventiva durante un año.
Dijo Martínez que “sin atender la realidad procesal del país, se establecieron normas en las que las medidas de aseguramiento no deben tener más de un año, de tal manera que debe haber condena a lo sumo en un año. Eso va a dar lugar a excarcelaciones masivas”.
"Como parte de la problemática por el hacinamiento en las cárceles del país está la falta de claridad que existía sobre términos de la detención preventiva"
Añadió que “las audiencias de juzgamiento no se hacen en un año. En la medida en que la Fiscalía sea más efectiva, más se va a colapsar el sistema penal acusatorio. Hoy hay represadas 112.000 audiencias en todo el país como resultado de que el sistema judicial no tiene alternativas. El número de jueces en 1994, cuando yo era ministro de Justicia, es prácticamente el mismo que existe hoy en 2017, 23 años después. Adicionalmente, el sistema demuestra que en un año ni siquiera se alcanza a instalar el juicio oral. ¿Cómo se expidió entonces esa ley que dice que en un año se debe resolver la situación del sindicado?”.
No obstante el Congreso no tuvo otra opción que tramitar esa norma debido a que la Corte Constitucional en la Sentencia C-390/14 le dio plazo hasta el 20 de julio de 2015 para expedir la regulación correspondiente por la falta de claridad que existía en los términos de la detención preventiva.
Por ello el Parlamento expidió la Ley 1760, la cual fijó en un año los términos para la detención preventiva, término que puede prorrogarse a solicitud del Fiscal o la víctima cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada o sean tres o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción.
Sin embargo, teniendo en cuenta que el sistema judicial no logró resolver en ese año de plazo la mayoría de casos por la congestión que presenta y que, como consecuencia, había la amenaza que entre el 6 y 7 de julio del 2016 salieran de la cárcel 10.811 sindicados por delitos menores, pues para esa fecha superaron el término de un año de detención preventiva sin ser llamados a juicio, fue necesario que el Parlamento aprobara la Ley 1786, que extendió por un año más la prórroga que había establecido la Ley 1760, término que ahora se cumplirá el primero de julio de 2017.
Informe al Congreso
La Ley 1786 estableció que el Ministerio de Justicia deberá presentar cada tres meses un informe al Congreso de la República indicando el estado, el avance y la gestión adelantada en dichos procesos.
El año pasado, el Ministerio de Justicia indicó en un informe al Congreso que con la prórroga de la entrada en vigencia de la Ley 1760 y la incorporación de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, se puede afirmar que en julio 1° de 2017, un total de 3.616 personas procesadas por delitos especiales podrían solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento, y en 3.839 casos la Fiscalía o el apoderado de la víctima podrían solicitar la prórroga de la medida hasta por otro año, por llevar más de un año y menos de dos en esta situación.
Los 3.616 detenidos que el primero de julio próximo podrán solicitar su libertad porque cumplirán dos o más años de detención preventiva, si es que a la fecha la justicia no ha resuelto su situación jurídica, desagregándolos son 1.605 por delitos sexuales; 983 por justicia penal especializada; 37 por actos de corrupción; y 91 por delitos con tres o más acusados.
Nueva prórroga
Frente a las dificultades que tiene la justicia por la congestión para cumplir los términos que establece la ley sobre detención preventiva se abre la posibilidad de una segunda prórroga en la implementación de la Ley 1760 de 2015.
En este sentido el representante a la Cámara Hernán Penagos, dijo a EL NUEVO SIGLO que “salvo que tenga unos elementos de juicio muy precisos desde la Rama Judicial en el sentido de que es porque no tienen posibilidad de evacuar los procesos o hay excarcelaciones importantes, sobre todo de criminales que tengan alta peligrosidad, creo que sí el Congreso lo aprobaría”.
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