A pesar  que la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua de la construcción de un canal interoceánico fue interpretado por algunos sectores en Colombia como un hecho nuevo para demandar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y recuperar el territorio perdido, cuatro expertos en derecho internacional de la Universidad del Rosario descartaron la posibilidad.

En la presentación del libro 'Contribución de la Universidad del Rosario al debate sobre el fallo de La Haya', los especialistas Andrea Mateus, Mauricio Jaramillo, Ricardo Abello y Walter Arévalo, coincidieron en desvirtuar una posible estrategia del Gobierno en ese sentido.

"El hecho nuevo tuvo que haberse producido después del fallo y ser de tal magnitud que pudiera cambiar la decisión. Nicaragua viene hablando de construir un canal desde mediados del siglo XIX, entonces es algo que se sabía que se iba a hacer y no puede ser considerado un hecho nuevo", afirmó Abello.

El jurista agregó que aun siendo un hecho nuevo, "la construcción de un canal permite el tránsito de los buques por zona económica exclusiva. Esto no habría llevado a la Corte a que la decisión fuera distinta".

Ante el presunto antecedente de unas negociaciones previas entre Nicaragua y China para la construcción de la obra el especialista dijo que "Nicaragua ha podido construir un canal interoceánico con o sin fallo. La decisión de la Corte Internacional de Justicia es intrascendente para la construcción de un canal por parte de Nicaragua, no hay un vínculo directo entre las dos cosas".

Por su parte, Mauricio Jaramillo señaló que la construcción de un canal no se relaciona con el fallo en la medida en que el posible tránsito de buques no implicaría la apropiación de mar territorial de otras naciones.

"En primer lugar se tenía conocimiento de la posibilidad de dicho canal; en segundo lugar, en nada afecta las consideraciones o los alegatos de Nicaragua y de Colombia; y en tercer lugar, de existir el canal, por el principio de libertad de navegación no afectaría las aguas colombianas. A Nicaragua no se le tendría que dar mar territorial para la construcción de la obra", explicó.

A su turno Andrea Mateus consideró que los hechos excepcionales por los cuales una sentencia es revisada en el tribunal, no se configuran en el caso colombiano.

"El Artículo 61 consagra la posibilidad de revisión con base en un hecho nuevo. Sin embargo, ese hecho nuevo debe haber existido con anterioridad a la sentencia y además debe existir un factor decisivo para que ese hecho lleve a la revisión. Si bien se conocía la intención de construir el canal, si se hace un análisis, no es un factor decisivo que presente ese alegato como un hecho nuevo. Tampoco que es un factor decisivo que pueda modificar o alterar el fallo", precisó Mateus.

Agregó que las zonas en disputa eran zonas marítimas exclusivas y el derecho internacional dice que en estas áreas existe libertad de navegación.

Por su parte, Jaramillo agregó que aunque el país demandó el pacto de Bogotá, se está perdiendo tiempo "precioso" ya que solo hasta noviembre quedará por fuera del acuerdo, mientras tanto las acciones judiciales por parte de Nicaragua pueden seguir teniendo efecto.

A su vez, Abello llamó la atención sobre el trazado que está pendiente como consecuencia del fallo por parte de los centroamericanos, ya que el país podría perder más territorio.

"Hay una línea punteada, eso quiere decir que esa línea no ha sido delimitada. En esto hay dos opciones; una, trazar las líneas en bajamar y la otra trazar, las líneas de base recta. En términos generales las líneas deben ser trazadas en bajamar, si se trazan en base recta nos perjudicaría. Colombia tiene que estar vigilante para que esas líneas sean trazadas en bajamar para que esté más al oeste y no al este", explicó.

Curul

 

Implicaciones jurídicas

 

Ante las acusaciones de la excanciller Noemí Sanín en relación a presuntos actos de corrupción por parte del tribunal internacional, Jaramillo expuso posibles implicaciones políticas para el país por no pronunciarse en contra de dicha afirmación.

"Por no haber interpretado bien lo que ocurrió, Colombia ha puesto en riesgo dos pilares fundamentales de su jurisdicción internacional; uno es la Alianza del Pacífico y la otra es la Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation), que son dos escenarios fundamentales de la política exterior. En ambos Colombia está empezando a tomar distancia con respecto a un actor fundamental como es China", anotó.

"Si bien la hipótesis que maneja la exministra Noemí Sanín no es la tesis del Gobierno, el Estado colombiano no ha salido a tomar distancia de manera suficiente. El hecho de no reaccionar, que el Gobierno no lo haga, me parece que es un desacierto y muestra hasta qué punto las relaciones exteriores se manejan de una manera populista", recalcó.

Señaló que esto podría traerle consecuencias a la Organización de Naciones Unidas donde él ha tenido representación en los consejos de seguridad del organismo.

Los expertos también descartaron el argumento usado por el Gobierno frente al argumento que el fallo viola la Constitución colombiana.

"Se ha dicho que tanto el fallo como el derecho internacional están en contravía con la Constitución, esto no es cierto. El artículo 101 de la Constitución colombiana, el noveno, así como la jurisprudencia, demuestran que el ordenamiento jurídico está en sintonía con el derecho internacional", manifestó Arévalo.

En este sentido se dijo que tampoco sería viable apelar a los derechos históricos de pesca, caso en el que fue citado el Tratado de Trinidad y Tobago, en el que la Corte dice que esto no es un elemento esencial para la debilitación marítima.

Los juristas llamaron la atención para que el Gobierno negocie con  Nicaragua para no tener más consecuencias. "Esa es la posibilidad más viable con lo que ha sido la tradición colombiana. Aun las relaciones con Nicaragua son rescatables", dijo Jaramillo.

Finalmente, los especialistas cuestionaron la viabilidad de la construcción del canal de Nicaragua, por las dificultades geográficas y de ingeniería.

"El problema del canal tiene que ver con la geografía y que tocaría hacerlo en seco o por el río San Juan y las dos posibilidades son tremendamente difíciles" dijo Jaramillo.

Por su parte, Abello indicó que "veo en esa obra más problemas que realidades en este momento. Creo que eso nunca existirá, la situación geográfica es muy compleja".

 

 

 

 

Conflicto de intereses

 

A mediados de junio la excanciller Noemí Sanín advirtió sobre el presunto conflicto de intereses de la juez china Xue Hanqin, integrante de la Corte Internacional de Justicia, debido a que tenía conocimiento de la construcción del canal.

“Ella conocía los negocios de semejante tamaño que se estaban fraguando discretamente entre la China y Nicaragua. La juez tenía la obligación de comentarle al presidente de la Corte que conocía estos hechos”, declaró Sanín.

La excandidata presidencial indicó que la magistrada fungió como embajadora en La Haya de 2003 a 2005 y fue colega de Carlos Argüello, embajador de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). De la misma forma, Hanqin fue embajadora de economía del sureste asiático de 2008 a 2010, por lo que en apariencia, sabría de los intereses de su país en el nuevo canal.

Agregó que para la construcción del canal, Nicaragua necesitaba las vías acuáticas, fondeaderos, atracaderos y demás infraestructura que requiere la gigantesca obra.

“Con las solas aguas que tenía Nicaragua no había podido soñar con el canal que están buscando (…) necesitaban para todas las vías acuáticas, los atracaderos y la islas”, aseguró Sanín en Caracol Radio.

La exministra explicó que el artículo 24 de los estatutos de la Corte, dice que si algunos de sus miembros conocen algo que impida fallar, lo deben poner en conocimiento del presidente.

En el mismo sentido, acusó al embajador de la China en Colombia de haber defendido los intereses del país asiático, al momento de que salió el fallo.

“Él salió defendiendo el fallo de la juez de la China y señaló que había defendido la posición colombiana en un salvamento cuando realmente el fallo es tan absurdo que afecta fronteras de terceros países”, agregó.

Precisó que por tratarse de un hecho nuevo, serviría de base para apelar el fallo que le quitó cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar a Colombia en el Archipiélago de  San Andrés y Providencia.

“A mi juicio es un hecho nuevo porque llevan 200 años soñando con un canal, pero la realidad de que ya había firmado un memorando de intención, que lo estaba negociando y que estaba contratando con una empresa holandesa seis posibilidades para construirlo, es un hecho nuevo”, anotó.

Ante el hecho, el Congreso colombiano reclamó por la manera como se dio el fallo por lo que anunció la conformación de una comisión especial para estudiar el tema.

De igual forma trascendió que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes  ordenaría una inspección a la Casa de Nariño en busca de las Actas de Reserva de la Comisión de Relaciones Exteriores que establezcan la responsabilidad de los expresidentes en el litigio con Nicaragua.

La adjudicación del canal interoceánico por un siglo a  una compañía mayoritariamente china  tiene un costo de 40.000 millones de dólares. Abarca la construcción de un canal húmedo entre el océano Atlántico y el Pacífico, puertos, un aeropuerto, un oleoducto, así como la construcción de una línea férrea para un canal seco y la creación de una zona de libre comercio.

 

Nicaragua: por más agua

 

Anoche, la Cancillería informó que, como ya se había previsto, Nicaragua presentó en la Organización de Naciones Unidas (ONU) la información científica y técnica de apoyo para el establecimiento del límite exterior de su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas.

De acuerdo con la Cancillería, “la información presentada por Nicaragua tiene como objeto que dicha Comisión se pronuncie sobre la existencia de una presunta plataforma continental extendida”.

Tras precisar que “la Comisión de Límites de la Plataforma Continental fue establecida mediante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, instrumento que Colombia no ha ratificado y del cual no es parte”, la Cancillería señaló que “ninguna actuación de un país ante la Comisión de Límites, ni actuación alguna de la misma Comisión, le es oponible a Colombia a la luz del derecho internacional”.

“Esta acción no sorprende al Gobierno de Colombia, porque había sido anunciada públicamente desde Nicaragua. Este Gobierno no ignoró los signos de advertencia.  Por esa razón, entre otras acciones, el 29 de abril de 2013 el Gobierno de Colombia remitió al Secretario General de las Naciones Unidas una comunicación reafirmando los derechos de Colombia sobre su plataforma continental tanto en el Caribe Occidental como en el Océano Pacífico, derechos que le confiere el derecho internacional y que Colombia ejerce ipso facto et ab initio. Colombia solicitó que la nota se circulara a todos los países miembros de la Organización y se publicara en los sitios de internet relevantes de las Naciones Unidas, lo cual fue debidamente atendido”, informó el Palacio de San Carlos.

Efectivamente, como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO, el excanciller Julio Londoño advirtió sobre las intenciones de Nicaragua de ampliar sus fronteras marítimas en detrimento de la soberanía de Colombia.

Según Londoño, las manifestaciones de la nación centroamericana de obtener una plataforma alargada en cercanías a Cartagena, constituye un alto riesgo: “Colombia tiene que estar alerta, porque las pretensiones de Nicaragua frente a la línea frente Cartagena persisten, eso no hay que olvidarlo. Después del fallo así lo anunciaron”.

“Nicaragua hizo las primeras manifestaciones de acuerdo a la Convención del Mar de 1982 para obtener una  plataforma continental alargada”, recalcó en su momento el jurista.

Posteriormente, la posibilidad de interponer una nueva acción para conseguir mayor espacio en la plataforma continental en el mar Caribe, actualmente bajo control de Colombia, fue confirmada por el representante permanente de Nicaragua en La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia, Carlos Argüello, en declaraciones publicadas por el portal oficial El 19 Digital, en las que precisó que su país tenía derecho de adelantar esas actuaciones a fin de recuperar “la totalidad de la plataforma continental que por derecho nos pertenece”.

“Ahora lo que se está estudiando que es lo que va hacer Nicaragua, la decisión naturalmente es una decisión del más alto nivel, la tomará el presidente de la República de ver si se va a reclamar, en qué momento se va hacer ese reclamo y todo lo demás, pero sí es un derecho y efectivamente es un derecho que tiene Nicaragua”, dijo Argüello.