Es momento de reinventar el campo, ampliar el Pacto Nacional Agrario con todos los actores y hacer los ajustes institucionales que permitan asignar prioridades a la política agraria. Esta debe recoger las múltiples demandas de los sectores en crisis, para superar el olvido y la deuda con el sector rural y sus habitantes, sostuvo el catedrático Elkin Alonso Cortés, profesor titular del Departamento de Ingeniería Agrícola y Alimentos, sede Medellín, de la Universidad Nacional de Colombia.

En un informe del profesor Cortés, divulgado por Unimedios, se consideró que la Colombia rural, cuya economía era exclusivamente agropecuaria, se transforma a pesar de la disminución gradual de su impacto en la conformación del PIB. No por ello ha dejado de ocupar un lugar importante en el desarrollo del país y de su economía.

El paro agrario, con su amalgama de actores (productores de papa, cebolla, cacao, leche, arroz, panela, café y un amplio etc.) reveló la profunda crisis institucional, ética, jurídica, política, social, humanitaria y económica que vive Colombia.

Si bien, no todos los males pueden explicarse por los tratados, las supuestas bondades del libre comercio han quedado en entredicho. Más allá de las proclamas de carácter político e ideológico (de quienes se quieren apropiar del movimiento) y del amplio repertorio de demandas y peticiones, miles de campesinos están desesperados ante las promesas incumplidas. Con o sin TLC, sus condiciones de vida empeoran.

De poco sirve que ante el reconocimiento de las particularidades del agro colombiano (conflicto social y el flagelo del narcotráfico) se hayan alargado los periodos de desgravación para muchos productos. Con los TLC, el agro se conjetura con poco futuro, ni siquiera como para competir con Ecuador y Perú.

Esas negociaciones, sobre el presupuesto de ceder parte del mercado interno para obtener parte del externo, nos inundarán de productos que pueden ser obtenidos en nuestras tierras y con nuestras manos. Administrar mercados con tan profundas asimetrías, es una pelea de toche con guayaba madura.

Un cambio a la locomotora

En su análisis, el profesor Cortés expresó que en el escenario descrito resulta una quimera la pretensión del acceso a mercados, la eliminación de subvenciones a las exportaciones y las ayudas internas. Esos factores que distorsionan el mercado deben ser motivo suficiente para implementar fórmulas de salvamento que contribuyan a competir y, sobre todo, a sobrevivir en paz.

Las cifras globales sobre exportaciones y otras variables macroeconómicas no son la respuesta o solución a las múltiples carencias de los reclamantes rurales, porque su suerte es otra. Esa ocupación pacífica y productiva del campo requiere de una mayor oferta pública de bienes y servicios, para  un tránsito equitativo a mejores condiciones de vida, con o sin posconflicto.

Dicha oferta puede incluir el acceso a la tierra, la seguridad alimentaria, el ordenamiento territorial, la regulación de costos de insumos, el mercadeo, los créditos blandos, los servicios públicos de salud, la educación, el agua, la energía, el riego y la asistencia técnica.

La masiva participación campesina y ciudadana ha ampliado la mesa y sensibilizado a otros sectores sociales. Asimismo, ha confrontado al actual Gobierno y a una de sus líneas de acción política: la locomotora del sector agropecuario, que nunca arrancó.

Hoy se pretende encarrilar esta política en medio de promesas y mesas de concertación; es decir, los ‘enruanados’ han promovido el cambio del maquinista y exigido diversos mecanismos para reducir los costos de producción, con la finalidad de ser competitivos.

También piden un modelo que no privilegie y promueva exclusivamente la agricultura empresarial; que se conduela de quienes viven en asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y que considere los conflictos ambientales y los valiosos recursos naturales.

En la actualidad hay una acción estatal que no regula, que improvisa y gestiona precariamente la ocupación del territorio, con una institucionalidad incapaz, a pesar del amplio marco legal, de dar respuestas prontas.

Es esta suma de conflictos la mejor oportunidad para reencauzar no solo el sector agropecuario, sino el destino de la nación, de creer y apoyar modelos agrarios fundamentados en las reservas campesinas, en economías rurales, en la mediana empresa y en los grandes desarrollos agroempresariales (como los que se promueven en la altillanura). En Colombia hay espacio y tierras para todos sin desconocer que la “mano generosa” del Estado debe estimular a los primeros.

Todos debemos reflexionar

El desarrollo rural, el bienestar de sus pobladores y la política agraria no pueden estar vinculados exclusivamente a las negociaciones en La Habana, aunque indudablemente esto facilitaría la tarea. Los campesinos, sus voceros y dignidades están acá, en Colombia, precisó el profesor Cortés en su informe.

Se debe aceptar que el llamado hombre moderno tiene hoy el mismo desafío que resolvieron hace siglos nuestros ancestros, o sea que la vida no se agote. La disponibilidad de los recursos naturales y la forma como los utilizamos, nos imponen la obligación de construir un escenario de innovaciones tecnológicas y de convivencia social, en el cual la ética de la vida predomine sobre la ética del lucro económico. Esto cobra más validez en este mundo global que impone nuevos modelos económicos, patrones de vida, consumo y valores.

El sector rural tiene hoy el reto de definir el papel que deberá jugar en el desarrollo del país, en términos de su contribución al crecimiento económico, al jalonamiento de otros sectores de la producción, a la disminución de la pobreza, a la convivencia y a la estabilidad social y política de la nación.

Adoptar un programa de ordenamiento territorial permitirá tener en cuenta las implicaciones existentes de un desarrollo sostenible regional y local, no solo desde la perspectiva político-administrativa, sino también en relación con la distribución de la tierra, los conflictos por su propiedad y su uso, la dinámica de la frontera agrícola, las migraciones, la ocupación en áreas protegidas y el aprovechamiento de los recursos naturales.

El creciente flujo de comercio no ha generado condiciones propicias para una internacionalización competitiva y menos en el sector agropecuario. Aún hay desencuentros entre instituciones, políticas y condiciones de infraestructura, que gravitan desfavorablemente en las posibilidades de inserción en ese mundo global. El esfuerzo exportador ha estado acompañado, también, de una liberalización progresiva de importaciones, en particular de alimentos.

Hay algo claro, y es que desde la intencionalidad no es posible construir país; no habrá cambio si no existe la voluntad política y la suficiente generosidad para reconocer las estructuras injustas y las condiciones deshonrosas en las cuales sobreviven millones de colombianos, en particular los del sector rural.