Con las familias de las víctimas desesperadas tras 15 días de angustiosa espera, las autoridades mexicanas se contradicen ahora sobre los trabajos de identificación de cadáveres entre los que pueden estar los 43 estudiantes desaparecidos en la ciudad de Iguala (sur).

Ángel Aguirre, gobernador del estado de Guerrero, a la que pertenece Iguala, trató de mandar un mensaje de esperanza a los padres de los jóvenes, cuya suerte se desconoce después que la noche del 26 de septiembre policías locales y sicarios del narcotráfico dispararon contra autobuses.

El gobernador aseguró el sábado que ya tiene información de que "algunos de los cuerpos" hallados los últimos días en fosas clandestinas no corresponden a los estudiantes, sin dar más información.

"Tengo fe, mucha esperanza de que a nuestros jóvenes habremos de encontrarlos con vida", recalcó el gobernador, fuertemente cuestionado por su actuación en este caso y por los altos índices de violencia que sufre Guerrero, entre los más altos del país.

Aguirre también reveló que en las últimas horas se han realizado más detenciones por este caso, que se sumarían a los cerca de 40 arrestados.

En un acto público el gobernador pidió ayuda a la población. "No sabemos dónde están (...) les quiero pedir, a cada uno de ustedes, que contribuyan en esta búsqueda", dijo en un acto sobre obras pública efectuado en el balneario de Acapulco.

El 4 de octubre fueron encontradas fosas clandestinas con 28 cadáveres incinerados y este jueves otras cuatro con un número no determinado aún de cuerpos, donde se teme que hayan estudiantes enterrados con base en declaraciones de sicarios del cártel local Guerreros Unidos.

El gobernador, que presentó un plan de asesoría y ayudas a las familias, había sostenido una reunión en Iguala con el jefe de la agencia de investigación criminal de la fiscalía general, Tomás Zerón, responsable de dirigir las pesquisas.

Sin embargo, el propio fiscal general, Jesús Murillo Karam, recalcó después que "no se han terminado las pruebas" genéticas a los cuerpos.

"No sé en qué se base" el gobernador, dijo el fiscal. "Yo cuando les doy información es porque tengo la certeza de que así fue".

La fiscalía estimó el martes o miércoles podrá tener lista la primera identificación y mayor claridad sobre la veracidad de las confesiones de los sicarios detenidos.

Murillo Karam se reunió en Chilpacingo, capital de Guerrero, con familiares de las víctimas, quienes se resisten a creer que sus hijos estén muertos y desconfían de la investigación oficial.

En declaraciones a la AFP, el vocero de los padres, Manuel Martínez, reprochó al gobernador que hable de los peritajes antes de que terminen y reiteró que las familias creen que sus hijos siguen en poder de policías locales que huyeron tras el ataque.

- Efectos en imagen de México -

En paralelo a los trabajos de sus peritos, la fiscalía sigue tratando de esclarecer qué motivó un ataque tan brutal contra tantos jóvenes estudiantes. La policía disparó inicialmente contra autobuses que habían sido tomados por los estudiantes, en ataques que dejaron seis muertos.

Las sospechas indican que la policía local -hay 26 agentes detenidos- entregó a los estudiantes después del ataque a sicarios de Guerreros Unidos, un cártel con el cual se ha relacionado a la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Ambos están profugos.

Testigos aseguran haber visto cómo decenas de estudiantes, la mayoría de entre 18 y 21 años, eran transportados en patrullas policiales antes de desaparecer.

México sigue conmovido e indignado por este caso que volvió a exhibir la complicidad de autoridades y narcotraficantes.

Decenas de miles de personas marcharon el miércoles para exigir justicia mientras, desde el exterior, la ONU y Estados Unidos también reclamaron que se esclarezca rápidamente, y este domingo unas mil personas se manifestaron en Chilpancingo.

El secretario (ministro) de Hacienda mexicano, Luis Videgaray, reconoció el sábado en Washington que este crimen puede tener "un efecto sobre la percepción del país en general en la comunidad económica, en la comunidad de inversionistas", en un momento en que México se esfuerza en atraer capitales para desarrollar sus nuevas reformas estructurales.