El tema de los desaparecidos fue puesto nuevamente sobre la mesa esta semana, en un debate en que la opinión pública espera respuestas.

Ayer, las Farc negaron su participación en la desaparición de 2.760 personas, según la acusación del procurador Alejandro Ordóñez.

"Cuando una Comisión independiente reciba y coteje información veraz, libre de las mentiras, manipulaciones y mala intención (...) sabrá el país y el mundo, que eso que el Procurador propala con infundios, no es más que una mampara de distracciones para proteger a los verdaderos responsables de la guerra que sufre Colombia", dijo la guerrilla en un comunicado.

El texto, firmado por delegación de Paz de las Farc, fue leído ayer a la prensa por el delegado Luis Alberto Albán, alias Marcos León Calarcá, a la entrada de las pláticas de paz en La Habana que sostiene con el Gobierno de Juan Manuel Santos desde noviembre de 2012.

"Tanto Ordóñez, como otros funcionarios, se han dedicado a desarrollar una estrategia orientada, no a buscar, sino a construir pruebas falsas, que coloquen a las Farc en el banquillo de los acusados, como autoras de crímenes de guerra y de lesa humanidad", añadió.

Colombia vive un conflicto armado de más de medio siglo que ha involucrado a guerrilleros, paramilitares, agentes del Estado y narcotraficantes y ha dejado más de 220.000 muertos y más de 5,3 millones de desplazados, según cifras oficiales.

"No es la primera vez que el señor Ordóñez se despacha contra las Farc-EP y contra el proceso de paz, y seguramente no será la última, pues parece ser que oficiosamente se impuso el papel de convertirse en el Josef Goebbels colombiano, distorsionando y desfigurando hechos, atizando pasiones y prejuicios, multiplicando y vulgarizando falsedades y engaños", indica.

Según la nota Ordóñez cree erróneamente "que admitiremos que el Estado sea juez y parte de la solución del conflicto, al lanzar un alud de acusaciones utilizando el poder de la institucionalidad, de tal forma que ni nosotros ni el movimiento popular en general, podamos contrarrestar".

"La actitud de Ordóñez que, con intereses mezquinos, siembra odios y atiza la guerra, en tanto es combustible para perpetuar el desangre nacional, debemos rechazarla quienes anhelamos la reconciliación y el buen vivir", concluyó.

Lista de la Procuraduría

El martes en reunión sostenida en la sede central de la Procuraduría, Ordóñez le entregó a una delegación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) el listado de casos de desaparición forzada en Colombia y que presuntamente son responsabilidad del grupo terrorista Farc.

La información proviene del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que administra el Instituto de Medicina Legal, del cual hace parte el Ministerio Público, y es una base de datos oficial, reglada en la ley, que contiene información sobre víctimas y sus presuntos victimarios.

Existen 2.760 registros de casos de desaparición forzada, presuntamente, perpetrados por las Farc. De ese total, 1.200 ocurrieron desde el año 2002. Constan 6.690 casos desde ese año que no indican el posible autor, de los cuales un número importante correspondería a ese grupo al margen de la ley.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas no tiene registro de sentencias condenatorias de miembros de las Farc por el delito de desaparición forzada. Preocupa al Ministerio Público que la impunidad en este caso es absoluta.

En cumplimiento de la misión constitucional de defensa de los Derechos Humanos y teniendo en cuenta que el Estatuto de Roma se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano, como jurisdicción complementaria, a través de la Ley 742 de 2002, y en los términos de las sentencias C 578 de 2002 y C 290 de 2012, con el fin de que no exista impunidad, la Procuraduría producirá informes sobre los crímenes competencia de la Corte Penal Internacional. La desaparición forzada es unas de las graves violaciones a los Derechos Humanos con más alto grado de impunidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó que la desaparición forzada no es un crimen que haya sido priorizado para su investigación y sanción por la Fiscalía General de la Nación.

Por todo lo anterior, conforme al artículo 10 del Decreto 4218 de 2005, la Procuraduría decidió entregar a la delegación de la Corte Penal Internacional la lista de casos de desaparición forzada presuntamente por las Farc.

El Ministerio Público confía en que los responsables de esos casos sean investigados, juzgados y condenados. Los casos no deben quedar en la impunidad y de llegar a ser así, tratándose de un crimen de lesa humanidad, corresponderá a la Corte Penal Internacional activar su competencia para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, la sanción efectiva y la no repetición.

Restos

Entre tanto, la Fiscalía busca los restos de al menos 62 personas que habrían sido asesinadas por grupos paramilitares entre 2000 y 2005 en una zona rural de Nariño, indicó el fiscal general Eduardo Montealegre.

"Hasta este momento hemos encontrado 13 restos, totalmente individualizados, pero hacemos un cálculo aproximado, de acuerdo con la información de una autoridad de la zona, de que pueda tratarse de 62 personas", dijo el viernes Montealegre en rueda de prensa.

El funcionario indicó que se trabaja en la ubicación de los restos, encontrados en la región de Bocas de Satinga, Nariño, desde hace varias semanas en cooperación con la Gobernación de Nariño, la Cruz Roja, Medicina Legal y la Fiscalía.

Los grupos paramilitares de extrema derecha, surgieron para combatir a las guerrillas de izquierda en Colombia, y se les atribuyen cientos de masacres y desplazamientos forzados en Colombia, sobre todo durante su máxima expansión, en la década de 1990 y principios de la década de 2000.

Montealegre indicó que los restos hallados corresponderían a personas desaparecidas "como consecuencia de la violenta lucha que emprendió el paramilitarismo en muchas zonas de la región (Nariño)".

Durante el mandato del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, unos 30.000 paramilitares se desmovilizaron como resultado de una negociación con el gobierno, que incluía reducción de condena para los excombatientes a cambio de entregar bienes para sus miles de víctimas y confesar sus crímenes en audiencias públicas.