Durante la última década, el desarrollo del Sistema Financiero (SF) de Colombia se aceleró, favorecido por un entorno internacional benigno, una mayor estabilidad macroeconómica y financiera, unos menores descalces y riesgos cambiarios, una mejor infraestructura para las transacciones y una regulación y supervisión más efectivas.
De acuerdo a la Asobancaria, a lo largo de este período el sistema se recuperó de los efectos de la recesión y de la crisis financiera de 1999, al tiempo que contribuyó a mejorar la competitividad de la economía, acelerar el crecimiento y mejorar el bienestar de la población.
Indica un análisis del gremio que los mercados se profundizaron e interconectaron mejor, aumentó el número de agentes e intermediarios que participan en ellos y el acceso de los hogares y las empresas se amplió. Un síntoma del progreso alcanzado es que salió avante de la crisis financiera internacional de 2007-2009, financió sin contratiempos la reactivación de la economía y está sólido para enfrentar los retos que plantea la inestabilidad financiera de Europa.
“Gracias al progreso alcanzado, el SF colombiano ocupa una posición intermedia alta en América Latina (AL) y su desarrollo está de acuerdo con el progreso socioeconómico del país”, sostiene el gremio.
Sin embargo, en algunos aspectos continúa rezagado respecto de las economías más avanzadas. Por una parte, sus mercados son menos profundos y líquidos, al tiempo que el acceso a ellos es menos amplio. Por otra parte, la captación de recursos mediante acciones y bonos se concentra todavía en unos pocos y grandes emisores.
Además, el mercado de bonos está dominado por la deuda pública, que deja poco espacio para la emisión de títulos al sector privado. Por último, la mayor parte del portafolio de los inversionistas institucionales está compuesta por títulos del Gobierno. Este atraso, más que un motivo de desaliento, debe constituir el punto de referencia de los esfuerzos que deben hacer.
Una parte importante de la brecha en tamaño de los mercados respecto de los de las economías avanzadas se debe a factores institucionales. Estos tienen que ver con el incumplimiento de los contratos, el sesgo anti-acreedor de la legislación y las distorsiones introducidas por la regulación y la tributación.