El desalojo de campesinos y pescadores que protestaban en la zona donde se está realizando la represa de El Quimbo, en el Huila, ha generado polémica entre varios sectores del Gobierno.

Para el representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, los protestantes tenían derecho de estar en el lugar de los hechos, y rechazó el desalojo policial del que fueron “víctimas” los protestantes.

“Los campesinos están en su derecho legítimo de permanecer en la región y de oponerse al proyecto por las consecuencias que acarreará en materia social, económica y ambiental”, explicó el congresista.

En su intervención, Cepeda también le pidió al gobierno local que en el menor tiempo posible retome las mesas de concertación entre ellos, el Gobierno Nacional y los campesinos y pescadores, teniendo como prioridad el respeto de los derechos humanos y el derecho a no ser desalojados de zonas que ancestralmente han habitado.

Por su parte el presidente Juan Manuel Santos defendió el desalojo que realizó la Policía a los manifestantes y dijo que no permitirá que los intereses de unos particulares impidan el desarrollo de un proyecto tan importante.

“Que quede claro que el Gobierno ejercerá el principio de autoridad donde tenga que ejercerlo. No vamos a permitir que unos pocos impidan que el interés general predomine”, expresó el Presidente.

El Jefe de Estado criticó a las personas que manipularon la información del desalojo para hacerlo parecer un hecho más grave. “Veo que hay un documental circulando con el caso en el Huila, un caso de cierta forma parecido, donde después de muchas negociaciones, de mucha conversación, había un grupo de gente que manipulaba, que quería impedir que una obra tan grande como esa obra de El Quimbo, que generará energía limpia, energía necesaria, Querían impedir que eso se hiciera; la Policía uso un protocolo”.