A pocos  días que la Mesa de Concertación Laboral inicie el ciclo de reuniones para el reajuste del salario mínimo, en el Legislativo florece una nueva diferencia de opiniones con algunos ministros para determinar dicho monto cuando sea aprobado por decreto.

El inconformismo surge por un proyecto de ley que empezó ayer su trámite en la Comisión Séptima del Senado, y en el que se propone que cuando no haya acuerdo y se deba expedir un decreto, “se establecen unos criterios mínimos para que no se pierda el valor adquisitivo”, tal como lo explicó la coordinadora ponente de la iniciativa, Gloria Inés Ramírez.

Este proyecto “hace que se tome como referencia la canasta de ingresos de estratos bajos, que es más alta, y en caso de que sea más el promedio de la inflación causada que el de la canasta de ingresos, entonces en ese caso se tome el del IPC más el 1% adicional”.

La discrepancia surgió porque “este es un gobierno desconectado y descoordinado”, según explicó el autor del proyecto, el senador Juan Lozano, quien indicó que la primera versión de la iniciativa fue retirada después de una concertación con el presidente Juan Manuel Santos.

“La versión que se radicó obedece a un acuerdo con el presidente hace muchos meses y sorpresivamente sus ministros mandan unas cartas contrarias a lo que se había acordado con el Presidente”, agregó.

Para Lozano, el Ministerio de Hacienda “es muy desordenado en el trámite legislativo, deja todo para última hora y manda unos conceptos apresurados y muchas veces equivocados”.

En su momento, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, informó a través de una carta al presidente de la Comisión Séptima del Senado, Guillermo Santos, fechada del 29 de octubre de este año, que “el incremento que ha tenido el salario mínimo en Colombia ha garantizado el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores, dado que si se toma una serie que relacione el incremento salarial y la inflación en los últimos cinco años, se encuentra que dicho incremento ha estado por encima del incremento de la inflación anualizada”.

En el documento al que tuvo acceso EL NUEVO SIGLO, el titular de la cartera aduce que “lo que resulta verdaderamente inconveniente por falta de sustentación técnica es el incremento de un punto porcentual, adicional al valor de la inflación, el cual no está sustentado en ningún criterio legal ni jurisprudencial, ni menos económico, ni de sostenibilidad fiscal”.

Además, “incorporar incrementos sin que tales criterios se correlacionen con los fundamentales macroeconómicos de corto y largo plazo resultan altamente inconvenientes”.

Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el salario mínimo “no ha perdido el poder adquisitivo, los incrementos han sido superiores a la inflación total y a la inflación de ingresos bajos”.

En las consideraciones económicas, la cartera expone, entre otras cosas, que “es importante tener en cuenta, que al comparar la evolución del incremento del salario mínimo frente a la inflación de ingresos bajos, se observa que el aumento del salario mínimo ha sido superior a la inflación de ingresos bajos”.

El Comando Nacional Unitario comenzó ayer a sentar las bases en torno de una propuesta unificada para reajustar el salario mínimo que regirá en 2014, en la que participan la CGT, la CUT y la CTC.

Justamente, las Centrales se reunieron el martes pasado para discutir el monto del reajuste que se planteará durante la discusión, y pese a que aún no hay un acuerdo, “se busca también, unificar criterios encaminados a solicitar varios puntos de aumento del sml adicionales a la tradicional fórmula que se utiliza en la Comisión”.