La Comisión Sexta de la Cámara aprobó, en primer debate, el Proyecto de Ley 095 de 2017 “Por medio de la cual se establece una medida transitoria para la continuidad del servicio de educación superior en el país”, de autoría de la congresista atlanticense Martha Villalba.

En su articulado, la medida contempla adicionar un parágrafo transitorio al artículo 61 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo  (PND) 2014- 2018 ‘Todos por un Nuevo País’, con el fin de que se garantice el acceso y la cobertura a la educación de toda la ciudadanía y se puedan seguir otorgando becas y créditos para cursar programas académicos de educación superior que no cuenten con acreditación o programas en instituciones de educación superior no acreditadas institucionalmente.

Según la legisladora, la iniciativa nace debido a que en el artículo 61 del PND está contemplado que para el 2018 los créditos y becas financiados por el Icetex para la educación superior, estarán destinados, solamente, a financiar programas que cuenten con acreditación o en su defecto programas en instituciones de educación acreditadas institucionalmente.

“La restricción de no poder acceder a becas y créditos para cursar programas académicos sin acreditación o en instituciones de educación superior no acreditadas puede generar un efecto altamente negativo en los ciudadanos de todo el territorio nacional, pues desencadena consecuencias contrarias al principio de equidad, debido a que se les impide beneficiarse de este apoyo estatal para acceder al servicio educativo como sí lo podrían hacer los demás colombianos que estén en zonas que cuentan con una amplia oferta educativa acreditada”, dijo Villalba.

Explicó que: “Limitar su acceso al apoyo estatal que se ofrece a través del Icetex, podría implicar un desmejoramiento significativo en sus posibilidades de inserción en el mercado laboral con condiciones competitivas, al no poderse formar profesionalmente para desempeñar una profesión, lo que desmejoraría sus condiciones de vida. Es por ello que la medida propone conceder un mayor plazo para condicionar los créditos educativos y becas financiados por el Icetex solamente a la oferta educativa acreditada”.

De esta forma, señaló la legisladora, “se facultará al Gobierno nacional para que siga ofreciendo apoyo económico a los ciudadanos en todo el país, para que puedan acceder y permanecer en la educación superior, realizando sus estudios en programas académicos o instituciones, ya sea que cuenten o no con acreditación, hecho que además amplía el número de potenciales beneficiarios de créditos, con lo cual la aplicación de la norma resulta más beneficiosa para la sociedad”.

La congresista fue enfática en señalar que “el artículo 53 de la Ley 30 de 1992 dispone que es voluntario de las instituciones de educación superior acogerse al Sistema de Acreditación. En este sentido, la acreditación de sus programas o la acreditación institucional depende de cada institución y no del Ministerio de Educación Nacional, a pesar de los esfuerzos que este hace para fomentar la acreditación. Nosotros no podemos juzgar a las universidades que no estén acreditadas y tampoco sus programas, porque el hecho de que no lo estén no significa que ofrezcan un mal servicio de educación”.

En cuanto a las instituciones de educación superior, agregó que de un total de 289 en todo el país, solamente 42 contaban con acreditación hasta diciembre de 2016. “Sobresale el hecho de que no hay ninguna institución acreditada en los siguientes 12 departamentos que históricamente se han visto afectados por el conflicto armado: Córdoba, Sucre, Tolima, Norte de Santander, Meta, Cesar, La Guajira, Chocó, Putumayo, Caquetá, Arauca y Guaviare”.

Otro hecho que hay que destacar según la Representante es que “la mayoría de programas e instituciones de educación superior que cuentan con acreditación se ubican en las principales ciudades del país, mientras que las instituciones no acreditadas tienen cobertura con un alcance mayor en el territorio nacional. Así, la oferta acreditada aún es ausente en muchos territorios o regiones del país que incluso son apartadas o de difícil acceso”.

Según el proyecto, el 9% de los programas de educación superior cuenta con acreditación. El resto (91%) “se ofertan y desarrollan sin acreditación, pero cumpliendo las condiciones mínimas de calidad que exige la norma”.