Revocar acto legislativo que permite que los congresistas voten los proyectos sin impedimentos, pidió ayer el comité ciudadano que estuvo promoviendo el referendo derogatorio de la reforma a la Justicia.

Se trata del acto legislativo 01 del 31 de mayo 2011, “por el cual se adiciona el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia”, radicado por un grupo de congresistas conservadores integrado por Heriberto Sanabria, Gustavo Hernán Puentes, Oscar Fernando Bravo, Juan Diego Gómez, Germán Blanco, Liliana María Rendón, Ciro Rodríguez, Nidia Marcela Osorio, Diego Alberto Naranjo, Carlos Eduardo León, Silvio Vásquez, Constantino Rodríguez, José Darío Salazar, Efraín Cepeda y Samy Merheg.

El proyecto, que concluyó su trámite el 31 de mayo de 2011, buscaba, fundamentalmente, que los congresistas perdieran su investidura por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, del régimen del conflicto de intereses, con excepción de lo relacionado con su participación en debates y votaciones de actos legislativos.

Pero, precisamente, la reforma a la Justicia procedió a modificar dicho régimen, permitiendo a los legisladores debatir y votar algunos proyectos aunque pudiera considerarse que les podrían beneficiar directamente.

El ex zar Antidrogas Óscar Ortiz dijo que están pidiéndole al presidente Juan Manuel Santos “que presente un proyecto de acto legislativo que derogue el Acto Legislativo 01 del 2011, porque esa ley es la que está permitiendo que los legisladores presenten normas en beneficio propio”.

El escritor Gustavo Bolívar también manifestó que “lo que queremos es que el Gobierno presente un proyecto en el que derogue el Acto Legislativo 01 del 2011, que fue el que les permitió votar a los senadores y representantes” en la reforma a la Justicia.

Los integrantes del comité anunciaron que recogieron más de 180.000 firmas contra la reforma a la Justicia.

Armando Novoa, director de Plural, explicó que haber recogido esa cantidad de firmas se convierte en un logro importante para los ciudadanos inconformes.

“En cuatro días recogimos 180.000 firmas, lo que demostró un sentimiento gigantesco y de indignación ciudadana, si usted tiene en cuenta que no teníamos equipos organizados, recursos y que fue algo que se hizo en un fin de semana”, dijo Novoa.

Para Novoa, ahora lo que le piden al Congreso es mayor transparencia.

Ortiz expresó que pueden dar cuenta de que ya hay una demanda ante la Corte Constitucional, porque para ellos el proceso de hundimiento se realizó de una manera inadecuada. “El Gobierno al ver el movimiento ciudadano echó reversa, pero la salida no fue constitucional, porque no acudió a la salida constitucional sino al Congreso”.

Para Ortiz, se hace necesario de manera urgente que la Corte Constitucional se pronuncie de manera rápida acerca de la inexequibilidad de la reforma a la Justicia.