La salud y la familia son los derechos fundamentales que más se les vulneran a los reclusos en Colombia, según una investigación del Instituto Rosarista de Acción Social (Seres) de la Universidad del Rosario.

De acuerdo con los internos e internas consultados, los derechos que más se infringen en las cárceles son salud, con 51,1 por ciento; la familia, con 33 por ciento; la intimidad, con 32,4 por ciento; el trabajo, 28,8 por ciento y la educación, 28 por ciento.

Le siguen los derechos a la entrevista jurídica, la dignidad y la alimentación, con 11,1 por ciento, según el estudio.
Para Mónica Mendoza, investigadora del Seres, “de esto se puede concluir que, si bien la prisión implica la privación del derecho a la libertad, también impide o limita el acceso y goce de otros derechos fundamentales, que no deberían verse afectados en el cumplimiento de la pena”.

El Seres de la Universidad del Rosario realizó una encuesta en establecimientos penitenciarios de Bogotá, Valledupar, Jamundí y Acacías, en donde entrevistó a 550 personas recluidas para indagar por aspectos generales de la realidad del sistema penitenciario y carcelario.

Educación

La investigación encontró que 85 por ciento de los reclusos había cursado algún nivel de educación escolar antes de ingresar al establecimiento. No obstante, de éstos sólo 40 por ciento hizo hasta quinto grado de primaria y únicamente 23 por ciento terminó completamente la secundaria, lo que evidencia el bajo nivel educativo de los internos e internas del país, dijo Mendoza.

54,3 por ciento de los reclusos manifestó estar vinculado a alguna actividad de aprendizaje, 26,2 por ciento dijo no estarlo y 19,5 por ciento no respondió. Sin embargo, cuando se profundizó en el tema para saber qué tipo de formación recibían, sólo 34 por ciento señaló estar en programas de enseñanza formal.

Relación con la familia

Para los internos, las causas que más afectan la relación con sus familias son el tipo de condena (54 por ciento) y la dificultad en las comunicaciones (33 por ciento). El estudio encontró que 13 por ciento de los internos evita el contacto de su familia con la cárcel. Tan sólo 4% dice no ver su relación afectada y 3 por ciento manifiesta no tener familia.

Alimentación, seguridad e infraestructura

Aunque las políticas públicas y la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han buscado mejoras en las condiciones de los internos, 41,5 por ciento considera que no se han implementado mejoras, mientras que 17,1 por ciento piensa que la seguridad ha mejorado y 16,7 por ciento resalta la alimentación.

En menores porcentajes, las mejoras en infraestructura registran 9,6%, las actividades recreativas 8,5 por ciento, el tratamiento psicológico 7,8 por ciento, higiene 6,7 por ciento y la acomodación 4,4 por ciento.

Para la investigadora, en Colombia no se han explorado e implementado penas alternativas a la prisión y el fin de la pena se desdibuja, al no centrarse en la inclusión social de los internos, lo que por otro lado facilita la vulneración de derechos fundamentales.

“Los internos e internas no reciben preparación para la inclusión social, es decir, evitar que, cuando regresen a la libertad, vuelvan a cometer delitos”, comentó.

El análisis al sistema penitenciario y carcelario colombiano que realizó el Seres, indica que la única solución brindada ha sido el control del hacinamiento, cuando en realidad se necesita una administración de justicia eficiente y oportuna, preocupada por preparar al recluso para la inserción social.