Manejar el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) es un reto de alto voltaje. Incluso, no falta quienes dicen que este cargo es un completo ‘quemadero’. Sin embargo, alguien tiene que hacerlo y en el actual Gobierno esa ‘papa caliente’ ha estado en gran parte sobre los hombros del general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia.

Hoy por hoy el Inpec está en el ojo del huracán por las reiteradas denuncias de hacinamiento carcelario y corrupción al interior de los penales. En diálogo con EL NUEVO SIGLO, Ricaurte explica qué se está haciendo para afrontar esta crisis estructural, más ahora que un nuevo Código Penitenciario y Carcelario se discute en el Congreso.

Según el alto oficial, se está trabajando de la mano con la Fiscalía, la Procuraduría y la Oficina de Asuntos Internos de la entidad para desarrollar un plan anticorrupción, que ya está en la tercera fase.

Inicialmente se hizo un diagnóstico sobre los puntos débiles que tenía el Instituto y se diseñó luego una hoja de ruta en la que se consignaron los planes a cuatro años para enfrentar el fenómeno de la corrupción y malos procedimientos.

“Nos encontramos en estos momentos en la tercera fase de este proceso… Hay una emergencia disciplinaria para evacuar las primeras 8.800 investigaciones disciplinarias y diligencias… y todo lo relacionado con el saneamiento fiscal, peticiones de libertad y actualización carcelaria”, anotó.

Esas quejas tienen que ver hasta con denuncias contra la misma Guardia Penitenciaria por incurrir presuntamente en la violación de derechos humanos. Para este trabajo han sido claves las Oficinas Asesoras que prestan servicio en todas las cárceles y penitenciarias del país.

“La transparencia debe ser estricta en los procesos de contratación, en el manejo de las finanzas públicas que tiene el Instituto, en los derechos de remisión y, en general, sobre todos los procedimientos”, expresó Ricaurte.

En desarrollo de ese plan anticorrupción también se han enviado a la Procuraduría los expedientes de los procesos, con el fin de que la entidad haga uso de su poder preferente y asuma varios casos.

 

Casos puntuales

 

Obviamente hay casos que, por su impacto mediático, deben ser resueltos rápidamente. Por ejemplo, desde septiembre pasado se adelantan investigaciones disciplinarias por denuncias de los internos y, en especial, las del hoy ya extraditado Camilo Torres Martínez, alias “Fritanga”, quien dijo haber pagado sobornos a guardias.

Según el director del Inpec, estas denuncias no fueron directas sino generales, por lo que hay que profundizar las pesquisas.

También está bajo la lupa el caso de Rubiel Medina Cardona, alias “Monín” o “El Mono Amalfi”, quien huyó luego de que sus cómplices atacaran una comisión del Inpec cuando era trasladado para una cita médica desde la cárcel El Pedregal, en Medellín.

Por este asunto fue declarado insubsistente Oscar Hernando Torres Castañeda, el director de esa prisión.

“La insubsistencia no es porque se sospecha que haya incurrido en alguna conducta punible o disciplinaria, sino que nosotros los funcionarios públicos somos doblemente responsables por acción o omisión y, por esta razón, se toma la determinación sobre este particular”, indicó.

Agregó Ricaurte que ya las autoridades judiciales  tienen las copias de los resultados de las indagaciones internas alrededor de este caso. Es claro que por el grado de peligrosidad de “Mono Amalfi” requería que saliera de la prisión escoltado por varios miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y una patrulla de la Policía y no apenas por dos guardianes, como efectivamente sucedió.

“… Ahí debe haber un responsable porque obviamente una cita, que para un interno normalmente se demora entre tres y cuatro meses con un especialista, para este recluso fueron tan diligentes y en un día le hicieron toda la remisión a un médico especialista y, aparte, sin las medidas de seguridad del caso”, advirtió el alto oficial.

Ricaurte sostuvo que tras estos graves hechos exigió a todos los directores de las cárceles y penitenciarias cumplir a rajatabla las normas de seguridad y acudir a la Policía para las remisiones y traslados de internos, y más si se trata de presos considerados como de alta peligrosidad.

Puntualizó que en las cárceles “…no tenemos un solo Pablo Escobar, tenemos más de cuatrocientos pablos escobares y por esta razón es necesario tomar todas las medidas de seguridad y hacer un esfuerzo inminente para evitar fugas como la del Mono Amalfi”.

 

Depuración

 

Otra de las medidas adoptadas para reducir los índices de corrupción en los 142 centros de reclusión es la Junta Asesora para traslados de internos, integrada por la Dirección y Subdirección de Custodia y Vigilancia, la Oficina Asesora Jurídica, la Dirección de Atención y Tratamiento, la Coordinación del Grupo de Verificación de Información (GRUVI) y la Coordinación de Asuntos Penitenciarios.

De otro lado se regula también la destinación y el traslado de funcionarios del Instituto, por medio de un comité que se reúne tres veces al año para estudiar las solicitudes presentadas por los funcionarios y tratar situaciones como las necesidades del servicio, seguridad, calamidad familiar o salud. Ello permitió durante el año pasado 483 traslados ordinarios y 299 por otro tipo de situaciones.

Otra medida implementada se refiere a adelantar los cursos de ascenso para 600 funcionarios, con el fin de evitar el supuesto cobro de dinero por gestionar o tramitar traslados.

Con todo y ello, el director del Inpec explicó que en lo corrido del presente año se registran 6.090 investigaciones disciplinarias, administrativas y judiciales.

Ya hay en curso 3.578 quejas, 2.578 procesos de indagación preliminar, 879 investigaciones disciplinarias y en juicio hay 195. Se registran 61 fallos en primera instancia y 37 procesos verbales.

“Estas cifras se agregan a las de 2012, que sumaron 227 investigaciones disciplinarias a funcionarios que se han visto implicados en casos de corrupción. Es decir, 122 más que en 2011. El año pasado se llevaron a cabo 54 destituciones, 131 suspensiones, 20 multas, 14 amonestaciones y 23 absoluciones”, explicó el general de la Policía.

A estas medidas, se suma que se informó a la Fiscalía sobre 34 casos de funcionarios implicados, supuestamente, en hechos delictivos.

También hacen tránsito ya 86 acciones de repetición contra funcionarios y exfuncionarios del Instituto.

Por otra parte, en los cursos de ascenso se implementó la asignatura de Ética y Valores, además de diferentes capacitaciones sobre transparencia y Estatuto Anticorrupción así como derechos humanos, entre otras materias.

“Trabajamos para no olvidar ningún renglón e implementamos el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación 2), para proteger los  recursos presupuestales. Por esta razón ahora los dineros se controlan en línea y en tiempo real con el Ministerio de Hacienda, garantizando la correcta y oportuna ejecución de los recursos asignados al Instituto en cada una de las vigencias fiscales”, indicó

 

Más monitoreo

 

Igualmente se creó una Sala de Monitoreo para vigilar a 27 cárceles en todo el país y se busca ampliar este proceso a todo el sistema penitenciario.

“La idea es monitorear para vigilar, controlar y hacer las recomendaciones del caso a los directores de las prisiones que están cobijadas por este sistema de control en tiempo real, a través de un circuito cerrado de televisión”, sostiene Ricaurte

En el marco de la estrategia para hacer frente a las cárceles, también se vienen fortaleciendo los procesos de atención y tratamiento de los reclusos para que estén al tanto de su situación penal y penitenciaria, así como a los mecanismos para redimir sus condenas u obtener rebajas.

Por ejemplo, ahora, a través de Internet, se garantiza que los reclusos puedan acceder sin contratiempos a procesos de trabajo, estudio y enseñanza.

 

Hacinamiento

 

“En este momento contamos con más de 117 mil internos y es un trabajo exigente porque en todas las cárceles se registra hacinamiento o superpoblación. Mire las camas disponibles en el sistema penitenciario llegan a 75 mil seiscientas y tenemos 117 mil internos. La superpoblación es grande. Para no ir más lejos la cárcel de Pasto es para 250 internos y hoy en día se cuenta con una población de mil”, aseguró Ricaurte.

A ello se suma que en estos momentos el sistema penitenciario cuenta con doce cárceles cerradas por acciones de tutela. De acuerdo con el Inpec, a estos establecimientos no se puede llevar más sindicados ni condenados, “pues los estamos evacuando a otras prisiones”.

Igual debe analizarse el tema del personal. El Gobierno autorizó en el 2012 el ascenso de 417 dragoneantes y en lo corrido del presente dio vía libre a incorporar a 1.400 dragoneantes a la planta de Guardia, precisamente, para fortalecer los esquemas de seguridad y remisiones.

“El año pasado hicimos cuatrocientas mil remisiones, cien mil médicas y las demás por orden judicial. Tenemos un aparato penitenciario muy grande y las peticiones de los jueces también son muy rápidas”, señaló el general de la Policía.

No hay que olvidar que en estos momentos el sistema penitenciario cuenta con más de 40 mil sindicados (es decir reclusos que no han sido condenados) y por esta razón las remisiones de los presos a juzgados son dispendiosas todos los días.

Por ejemplo, señala el director del Inpec, de la cárcel Modelo en Bogotá todos los días salen nueve buses con más de 250 internos para cumplir las órdenes de los jueces”.

Por lo mismo se viene trabajando para hacer más ágil la presencia de las autoridades y abogados en los propios penales. “Las puertas de las cárceles están abiertas para los jueces, los fiscales, la Procuraduría y la Fiscalía y en general para todos los entes de control”, afirmó el alto oficial.

Recordó que “cosa diferente ocurría hace 20 años, cuando las autoridades judiciales no podían ingresar a las cárceles ni la misma Policía Nacional, pues los internos estaban mejor armados que la misma Fuerza Pública”.

 

 

 

El caso Tolemaida

 

Una de las prisiones que más dolores de cabeza le causa al país es la cárcel para militares ubicada en la base de Tolemaida (en límites entre Cundinamarca y Tolima).

Este penal ha sido blanco de constantes denuncias sobre falta de control a los uniformados sindicados y condenados. Incluso, la semana pasada el propio Ejército anunció que estaba dispuesto a trasladar esa prisión castrense.

Sobre ese anuncio el general Ricaurte precisó que “lo único que puedo decir es que el traslado de la cárcel de Tolemaida a otra unidad militar u a otra jurisdicción es de competencia del Ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón Bueno, quien con el cuerpo de generales tomarán las decisiones de rigor”.

“Nosotros simplemente acataremos las directrices del Gobierno nacional cuando este centro de reclusión militar esté construido, habilitado y en funcionamiento… Daremos las asesorías que correspondan al Ministerio de Defensa y obviamente al director del centro penitenciario”, insistió.