Tras conocerse que el presidente Santos firmará el tratado que pone en práctica el TLC de la Alianza del Pacífico, el senador Jorge Enrique Robledo anunció que denunciará al primer mandatario por traición a la patria.

Los artículos 455 y 457 del Código Penal disponen que quienes ejecuten actos que afecten la naturaleza soberana del Estado colombiano y quienes, encargados de gestionar asuntos con gobiernos extranjeros, actúen en perjuicio de los intereses de Colombia, incurrirán en los delitos de Menoscabo de la Integridad Nacional y Traición Diplomática.

La firma de la Alianza del Pacífico es un acto de traición a la patria porque el tratado acabará con la poca protección que le queda a la producción nacional, lo que terminará de arruinar el agro, la industria y aumentará el desempleo y el atraso productivo. En estos cuestionamientos coincide la Sociedad de Agricultores de Colombia que, en una carta el Ministro de Comercio, señala que el acuerdo es “lesivo para el sector agropecuario y contrario al interés nacional”.

Robledo afirmó que la Alianza del Pacífico es el peor TLC que haya suscrito Colombia pues, además de hacerle un daño de enormes proporciones al aparato productivo, el gobierno pretende ponerlo en vigencia sin que el Congreso y la opinión pública discutan los detalles del tratado y ni siquiera se sepa lo pactado. Agregó que el exministro Díaz-Granados le mintió al país cuando afirmó que el gobierno tramitaría los tratados de desgravación arancelaria en el Congreso. Sin embargo, todo indica que Santos quiere violar este requisito y, como lo denunció la Sociedad de Agricultores de Colombia, “escapar a la ratificación y estudio por parte del Congreso de la República” (http://bit.ly/MtFV2u).

Este TLC, además, deja las puertas abiertas para ampliarlo con países diferentes a Chile, México, Perú y Panamá, así como a nuevos aspectos desconocidos, y con la simple decisión de los gobiernos.

El senador del Polo también advirtió que si el presidente Santos se empeña en evadir el control político del Congreso y el control de legalidad de la Corte Constitucional, el mandatario también incurría en el delito de prevaricato, porque se trataría de un acto manifiestamente contrario a la ley.

Añadió que de imponerse la tesis del gobierno, Colombia podría terminar firmando TLC con otros países sin que sean aprobados por el Congreso.