Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Océano Pacífico, atraviesa una situación "muy grave de violación a los derechos humanos" por la acción de bandas armadas que controlan sus barrios, advirtió Human Rights Watch (HRW) en un informe divulgado este jueves.

"Encontramos una situación muy grave de violaciones a derechos humanos cometidas por grupos irregulares armados, mafias, que controlan barrios completos" y cometen "torturas, mutilaciones, ejecuciones y desapariciones con total impunidad", dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un video divulgado con el informe.

"Los barrios de Buenaventura son controlados por dos grupos criminales: Los Urabeños y La Empresa, que descienden del viejo paramilitarismo" de ultraderecha, aseguró Vivanco.

Ubicado en el oeste de Colombia, el puerto de Buenaventura, con al menos 350.000 habitantes, es la principal zona de tráfico de mercancía del país e importante ruta del narcotráfico.

Sus habitantes, principalmente afrodescendientes, viven en una pobreza generalizada y con un índice de desempleo superior a 30%, por encima del promedio nacional de 9,6%.

Desde principios de marzo, el gobierno colombiano ha venido reforzando la seguridad en este lugar, azotado por una ola de violencia que disparó las cifras de homicidios y en medio de la cual se han denunciado varios casos de descuartizamientos.

El informe de HRW, basado en una visita de esta organización a la localidad a fines de 2013, dijo que las bandas criminales "restringen la circulación de los habitantes, reclutan a sus hijos, extorsionan a comerciantes y participan habitualmente en actos aberrantes de violencia".

Además, la organización destacó las elevadas cifras de desplazados que ha dejado la violencia en esa localidad, de donde al menos 13.000 personas huyeron en 2013, según datos oficiales.

Para hacer frente a la situación, HRW propuso al gobierno nacional mantener una presencia policial ininterrumpida en los barrios donde hay bandas criminales, crear una comisión independiente que evalúe el problema de las desapariciones y permita sancionar a los responsables, e investigar a los agentes estatales sobre los que pesan denuncias de estar vinculados con los grupos violentos.

En 2013, Buenaventura registró una tasa de 49,6 muertos por cada 100.000 habitantes, por encima del promedio de Colombia de 31 víctimas, según cifras de la Defensoría del Pueblo.