Personeros desalojados de sus oficinas, amenazas, desprestigio, presiones y retención de recursos hacen parte de los métodos utilizados por algunas Administraciones Municipales y grupos políticos del país para impedir el ejercicio de control que ejercen los Personeros Municipales.
Así lo aseguró la Federación Nacional de Personeros de Colombia (Fenalper), quien explicó que situaciones como estas las han denunciado los personeros de Puerto Lleras, Meta; Guamo y San Luis en el Tolima; La Cruz, Policarpa y Cumbal en Nariño; Guapi y Rosas en el Cauca; Caldas, Chiquinquirá, Motavita, Quípama, San José de Pare, Santana, Socha, Tasco, Togui y Paya en Boyacá; Tona y Guadalupe en Santander y Santa Marta, Pueblo Viejo y El Retén en el Magdalena.
Es así como los personeros de Guapí en Cauca, el Piñón en Magdalena, Quípama y Togui en Boyacá presentan dificultades salariales y con el presupuesto. El primero desde hace 9 meses no recibe salario, prestaciones, primas ni vacaciones, todo bajo el argumento que la Personería tiene un embargo, indica Fenalper.
Por su parte, al Personero del Piñón desde el año 2011 no se le reajusta su salario, además en el presupuesto para el año 2014 hay una reducción en el dinero destinado para el funcionamiento de este órgano de control: de $88 millones pasó a $87 millones denunció el personero municipal Aristides Juvinao.
En el caso de los Personeros de Boyacá, el de Quípama sólo devenga el 70% del salario que realmente le corresponde y no le ha sido asignada la totalidad del presupuesto que le corresponde, y al de Togui para la vigencia 2013 sólo se le reajustó el salario en $10.000 pesos, “vulnerándoles sus derechos laborales y salariales”, indica Fenalper.
Añade que las dificultades presupuestales que presentan estas Personerías van en contravía del Decreto 360 de 1995 artículo 98 que determina que las Personerías gozan de autonomía administrativa y presupuestal con la capacidad de ordenar el gasto en función de la ejecución del presupuesto y el desempeño de sus funciones es independiente y sin injerencia extraña de otra entidad, órgano o funcionario.