Varios de los funcionarios han sido presionados frente al proceso de contratación de refrigerios escolares que actualmente se adelanta, cuyo rubro supera los 175 mil millones de pesos y con el que se beneficiará a más de 672 mil estudiantes, denunció la Secretaría de Educación.

De acuerdo con el jefe del despacho, Óscar Sánchez, lo que se busca es “amedrentar o incluso hacer renunciar a funcionarios clave, para favorecer intereses de algunos contratistas”, al tiempo que rechazó contundentemente este tipo de acciones.

Sánchez indicó que ya se puso este caso en conocimiento de las autoridades correspondientes y se hizo un llamado a la Procuraduría, la Veeduría y la Personería para que realicen el respectivo seguimiento.

Según el funcionario, uno de los hechos más recientes han sido los reiterados anónimos de los que ha sido víctima la directora de contratos, Lissette Murcia Rincón,  quien el pasado 12 de marzo instauró ante la Fiscalía General, denuncia penal en contra de personas indeterminadas, por el presunto delito de calumnia agravada, en atención a todas las presiones recibidas a través de dichos anónimos.

A esto se suma el conflicto de intereses, competencias y entorpecimiento que se ha presentado en los procesos de contratación para el suministro de refrigerios durante los últimos años, con los cuales ha tenido que lidiar esta Administración, la cual ha realizado todos los esfuerzos para blindarlos,generando mayor transparencia, seguridad, confianza y eficiencia en los procesos contractuales. Así como asegurar la calidad de la alimentación que se les brinda a los estudiantes.

El secretario Sánchez indicó que “en el actual gobierno se ha pasado de 477.000  suministros diarios a 672.200. El proceso de contratación de refrigerios para adjudicar este año tiene un valor de 175 mil millones de pesos, es la compra más grande que adelanta la Secretaría de Educación. Los proveedores interesados luchan a brazo partido por conseguir esos contratos”.

Agregó que “la pregunta es: ¿luchan compitiendo entre los proveedores con productos idénticos para que se contrate a quien ofrezca el mejor precio dejando por fuera a otros?  Esa libre competencia es lo que está en el espíritu de la norma que rige la contratación pública.  ¿O luchan para hacer que la SED ajuste los pliegos y procedimientos de compra a los intereses de quienes participan y quedarse todos con un pedazo del contrato al mayor precio posible? Y sobre todo, si es que la lucha que libran es más para presionar a la SED que para competir entre ellos, ¿con qué método presionan?, ¿se ponen de acuerdo para acordar si participan o no en bloque?, ¿se ponen de acuerdo para presionar por un precio?, ¿intimidan a funcionarios y hacen alianzas políticas que los protejan?”.

Puntualizó que “debemos aclarar de antemano que se trata de un asunto complejo, pues las dimensiones de lo que se distribuye en el programa de alimentación escolar en Bogotá son tan grandes, que en algunos insumos hay un oligopolio natural”.

Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes, dijo el secretario de Educación, Óscar Sánchez.