Denuncian irregularidad en baldíos del Incoder | El Nuevo Siglo
Lunes, 4 de Agosto de 2014

La Contraloría General estableció un hallazgo con presunto alcance fiscal por $150.378,92 millones de pesos por incumplimiento de la Ley 160 de 1994 por parte del Incoder.

 

Esto dentro de la Actuación Especial que en el segundo semestre de 2013 adelantó el organismo de control al INCODER con el objeto de estudiar los casos de presunta acumulación irregular de predios baldíos en la altillanura colombiana.

 

Los casos denunciados comprometen a personas tanto naturales como jurídicas, que bajo diversas modalidades caracterizadas por los denunciantes, permitieron la apropiación irregular de tierras con antecedentes de baldíos, principalmente en la zona de la altillanura oriental colombiana. Las denuncias han sido expuestas en varios debates de control político y presentadas ante los entes de control, entre estos, la Contraloría General de la República.

 

De dicho informe se destacan los siguientes aspectos:

 

Acumulación irregular de predios de origen baldío en la altillanura: análisis micro

 

En virtud de dicha actuación especial, se visitaron las direcciones territoriales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en los departamentos de Meta, Vichada, y Casanare así como las oficinas de registro de instrumentos públicos en los municipios de Villavicencio, Puerto López, San Martin de los Llanos y Acacias en el Meta, Puerto Carreño en Vichada, y Orocué y Yopal en Casanare.

 

Se revisaron 211 soportes registrales, los cuales fueron contrastados con la información contenida en los folios de matrícula inmobiliaria y las anotaciones respectivas.

 

Los casos objeto de análisis corresponden a empresas o personas naturales las cuales al parecer, adquirieron y acumularon de manera irregular predios originalmente baldíos contrariando lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994.

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Relación de hallazgos

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron tres (3) hallazgos administrativos, uno de los cuales tiene presunto alcance fiscal ($150.378,92 millones), disciplinario y penal, que serán trasladados ante las autoridades competentes.