La Contraloría General de la República encontró múltiples deficiencias en la gestión que ejercen las Corporaciones Autónomas Regionales para prevenir y controlar la minería ilegal en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca.

Así lo indican las recientes auditorías que ha realizado la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, que incluyen la evaluación de gestión de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia respecto de la presencia de minería ilegal en los Parques Nacionales Naturales.

Como resultado de la evaluación se establecieron para el año 2016, un total de 26 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen posible alcance disciplinario; y 2 hallazgos con alcance fiscal por valor de $330 mil millones para la Corporación Autónoma Regional del Cauca, por asumir la recuperación de impactos ambientales generados por terceros en predios particulares.

Para 2017, se encontraron 36 hallazgos administrativos, 30 con presunto alcance disciplinario y 1 con presunto alcance penal. En todos los casos se realizaron los traslados a la Procuraduría General y Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

La Contraloría encontró que no hay coordinación interinstitucional entre las entidades involucradas en el proceso de prevención, control y erradicación de la minería ilegal: las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca, no se articulan con las alcaldías municipales, ni con la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, para ejecutar acciones oportunas que garanticen la protección del ambiente.

Dragas y químicos en custodia de ilegales

Las Corporaciones Autónomas Regionales CSB, Corpoboyacá, Corpochivor, CAR, Corpoguavio y Corponariño presentan demora e incumplimiento de términos establecidos en la Ley 1333 de 2009 y falta de seguimiento a las medidas preventivas impuestas por minería ilegal en el área de su jurisdicción.

Además de lo anterior, los elementos decomisados como dragas y químicos son dejados en custodia de las mismas personas que están explotando de manera ilegal, lo que evidencia permisividad de la Corporación e incumplimiento de sus funciones de vigilancia y control.

Se evidenció falta de acompañamiento y soporte técnico de parte de las Corporaciones con jurisdicción en el departamento de Antioquia y en el departamento del Chocó en los operativos contra la minería ilícita que realiza el Ejército y la Policía Nacional, siendo un factor importante y necesario para identificar, medir y actuar contra el alto impacto ambiental que causa la actividad minera ilegal. Se observó que la Policía y el Ejército Nacional informan un número elevado de operativos a los cuales las Corporaciones no asisten.

¿Qué debe hacerse?

Por todo lo anterior, señala el estudio de la CGR, que la atención del problema de la explotación ilícita de minerales requiere la formulación, adopción y desarrollo de una política pública estable, que parta del reconocimiento y definición de este problema complejo, que adopte metas concretas e identifique el mejor instrumento de articulación interinstitucional bajo un esquema de cadena de valor, que permita actuar sobre un territorio local, buscando reconstruir la gobernanza, la sostenibilidad local así como garantizar la calidad de vida de los pobladores.

En el diseño de la política se requiere contemplar mecanismos diferenciales para hacer frente a la minería informal, a la ilícita que responde a extracciones oportunistas y aquella que se transforma en una economía criminal, teniendo en cuenta para su formulación e implementación a todas aquellas instituciones (formales y no formales) del orden nacional, regional y local que deben actuar sobre el territorio de manera integral, de tal forma que se implementen acciones que conduzcan a lograr la gobernanza y sostenibilidad local.