En Cúcuta, la Defensoría del Pueblo encontró problemas en las viviendas dadas hace nueve meses a una comunidad víctima de desplazamiento y evidenció que el riesgo para las familias beneficiadas es mayor dado que viven en alto grado de hacinamiento.

La Defensoría del Pueblo también constató que el sector donde habitan estas personas tiene poca seguridad y solicitó a las autoridades locales que tomen acciones inmediatas para remediar los inconvenientes que se están presentando en el barrio San Fernando.

Bogotá, febrero 27/2014.- El Defensor Delegado para la Población Desplazada de la Defensoría del Pueblo, Mauricio Vesga, denunció la mala calidad y los problemas estructurales que presentan varias viviendas que fueron entregadas en mayo de 2013, en obra gris, en el barrio San Fernando de Cúcuta (Norte de Santander), a una comunidad víctima de desplazamiento.

En una visita a ese sector, Vesga se reunió con la comunidad que había sido beneficiaria de las casas subsidiadas con recursos de la Nación, dentro de un proyecto liderado por la alcaldía de la capital nortesantandereana.

La Defensoría del Pueblo pudo constatar que las viviendas presentan grietas, las escaleras son muy angostas, los muros muy delgados y no cuentan con los espacios idóneos para personas con discapacidad. Así mismo, se observó que las familias están en un alto grado de hacinamiento y la comunidad le aseguró que la constructora no permite hacer mejoras.

Además, el entorno del barrio San Fernando es poco seguro y sus habitantes tienen dificultades en el servicio de transporte urbano, especialmente en horas de la noche. Tampoco cuentan con transporte escolar, lo que no garantiza el acceso a la educación a los niños y niñas.

Al término de una audiencia pública de rendición de cuentas sobre vivienda rural y urbana para población víctima y en situación de desplazamiento, Vesga les solicitó al alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez-París Lobo, a la Policía Metropolitana de la ciudad y a la Secretaría de Educación la adopción de acciones inmediatas en materia de salud, educación y seguridad que permitan mejorarles la situación a los integrantes de la comunidad afectada.

"Es necesario diseñar políticas públicas, con la participación de las víctimas, en las que se haga efectivo el enfoque diferencial de esta población, objeto de especial protección constitucional", destacó el Defensor Delegado para la Población Desplazada de la Defensoría del Pueblo.

Por último, reiteró su compromiso para acompañar y fortalecer a las comunidades desplazadas en la reconstrucción del tejido social y el ejercicio de sus derechos.