Amnistía Internacional condenó la ejecución pública de un egipcio en un estadio de fútbol en el este de Libia, divulgado en un video en internet, y aseguró que este acto muestra que el país ha caído en la anarquía total.

El video, que circula en las redes sociales, muestra la ejecución de este hombre en un estadio de fútbol en Derna, en el este de Libia, a manos de un grupo armado conocido como la Shura de la Juventud Islámica, aparentemente vinculado a Ansar Asharia, considerado por Estados Unidos como un "grupo terrorista".

"Este asesinato ilegal confirma los temores de los libios que, en algunas partes del país, se encuentran atrapados entre los despiadados grupos armados y un Estado fallido", declaró en un comunicado divulgado este viernes Hasiba Hadj Sahraoui, directora adjunta de Amnistía Internacional para Medio Oriente y África del Norte.

El video muestra a la víctima, el egipcio Mohamed Ahmed Mohamed, transportado en una camioneta, los ojos vendados, hasta el estadio. Hombres encapuchados armados con fusiles le obligan a ponerse de rodillas. En una declaración leída en voz alta, se le acusa de haber matado a un ciudadano libio llamado Jalid al Dirsi.

El texto precisa que la Shura decidió ejecutar al hombre al menos que la familia de la víctima lo perdone, algo que la familia se negó a hacer.

Un hombre encapuchado, que al parecer sería el hermano de Jalid al Dirsi, dispara entonces a Mohamed Ahmed Mohamed en la cabeza o la nuca.

Varias personas asisten a la ejecución que según Amnistía tuvo lugar el 19 de agosto. Una de ellas enarbola la bandera negra y blanca de Ansar Asharia.

"Se trató de un acto de venganza brutal y no de justicia", añadió Hadj Sahraoui, quien pidió a las autoridades libias "hacer todo lo posible para restablecer las instituciones de Estado y la primacía del derecho en Derna y en otros lugares del país".

Según Aministía Internacional, las autoridades libias perdieron el control de Derna a finales de 2011 y desde entonces no hay ni policías ni militares en la ciudad.

La justicia dejó de funcionar tras el asesinato en 2013 de un alto magistrado y de repetidas amenazas contra los jueces por parte de grupos armados, entre ellos Ansar Asharia.