Medidas urgentes le pidió ayer el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, al Gobierno nacional para evitar que los problemas de orden público y desplazamiento forzado que se vienen registrando en la última semana en Cauca sigan generando afectación de los derechos humanos de la población civil.

La entidad constató la gravedad de la situación que enfrenta la población de departamento. Lo hizo no solo a través de sus defensores comunitarios del norte del Cauca y de la Costa Pacífica caucana, sino también en misiones humanitarias conjuntas entre la Defensoría y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La más reciente de estas jornadas se adelantó la semana pasada, justo antes de los ataques de la guerrilla de las Farc.

La Defensoría le solicita a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas entregar la asistencia humanitaria de emergencia, complementaria a la que están adelantando las alcaldías municipales particularmente en Guapi, para apoyar a cerca de 985 personas de 234 familias desplazadas, provenientes de las zonas rurales de Temuey (58 familias, 247 personas), Sansón (88 familias, 335 personas), El Carmen (51 familias, 251 personas), Penitente (31 familias, 127 personas) y comunidad indígena Bellavista – Eperara Siapidara (6 familias, 25 personas).

Asimismo, la entidad pidió a las secretarias departamentales de Salud y de Gobierno que realicen las gestiones necesarias para la adecuada prestación de los servicios de salud de dicha población así como para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos que pongan en peligro la vida y la integridad personal de los pobladores.

A través de los defensores comunitarios del norte del Cauca y de la Costa Pacífica, la Defensoría del Pueblo viene realizando acompañamiento a las comunidades afectadas para buscar la protección de sus derechos humanos, mientras llegan las ayudas gubernamentales.

Otálora Gómez destacó que, entre los días 4 y 11 de junio, en ese departamento se han presentado seis hostigamientos y ataques de las Farc en los municipios de Suárez, Argelia, Caloto, Guapi, Timbiquí y El Tambo, seguidos de enfrentamientos armados con la Fuerza Pública, algunos de los cuales han provocado dos muertos y nueve heridos, además del desplazamiento masivo de pobladores y daños a bienes civiles.

El hecho más reciente ocurrió el lunes en la noche, cuando subversivos atacaron la estación de Policía y al personal del Batallón Fluvial de Infantería de Marina en la zona urbana de Timbiquí, durante el cual resultaron heridos dos civiles (una mujer de 33 años, con 28 semanas de embarazo, y su hijo de un año y ocho meses de edad) y un infante de marina.

Aunque la condición médica de los civiles es estable, según informó el hospital de Timbiquí, la Defensoría del Pueblo Regional del Cauca ha venido adelantando las gestiones necesarias para que la madre y el niño puedan ser trasladados vía aérea hacia la ciudad de Cali para su respectiva atención ante las EPS Asmed Salud y Selva Salud, respectivamente.