“Es un gana-gana para los supermercados. Y es un pierde-pierde para los beneficiarios resultó la multimillonaria contratación de los bonos canjeables por alimentos durante la actual Administración”, expresó el concejal Juan Carlos Flórez, de la Alianza Social Independiente (ASI).

El cabildante se pronunció durante un debate de control político sobre los bonos canjeables por alimentos, que es una de las piedras angulares de la política de seguridad alimentaria de la administración de Gustavo Petro.

Ante la afirmación de que se entregaron a ‘dedo’ los $163.000 millones de los bonos, el secretario de Integración Social, Jorge Rojas, explicó que se adjudicó por subasta inversa y a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, que es una “modalidad de contratación de selección abreviada y objetiva para el suministro de alimentos crudos, preparados, refrigerios, canastas complementarias de alimentos y bonos canjeables por alimentos”.

Mientras Rojas sostuvo que los bonos Alimentos Mi Vital atendió 353.569 personas en 2014, Flórez dijo que entre 2013 y 2014, de los $163.000 millones que la Secretaría contrató para su suministro, el Distrito entregó al consorcio Colsubsidio Cencosud $142.000 millones. El monto restante se habría distribuido entre Cooratiendas ($16.000 millones) y Unión Temporal Bonos 2014 ($5.000 millones) integrada por afiliados a Cooratiendas.

El concejal Flórez afirmó que en agosto de 2013 la Secretaría de Integración adjudicó tres contratos por 63.830.920.000 pesos para el suministro de bonos al consorcio Colsubsidio – Cencosud. En 2014 estos tres contratos tuvieron adiciones por el 50 por ciento del valor inicial, es decir, 31.915.383.840 pesos, contratación que se prolonga hasta noviembre de este año. “Esto quiere decir que entre 2013 y 2014 el Distrito entregó 95.746.303.840 pesos, tras un proceso de selección muy favorable para el contratista”, advirtió, anotando que “la economía de escala sólo los beneficia a ellos. Falta acompañamiento a la operación de los contratos para garantizar que las quejas de los ciudadanos beneficiarios sean atendidas. Y falta un mayor monitoreo que permita ver los avances nutricionales de los beneficiarios para garantizar la eficiencia del programa”.

Según Flórez, en Usme, Teusaquillo y Suba “corroboramos los precios de los productos a los que tienen acceso los usuarios a través de los bonos. Al final, para todos los casos encontramos que el mercado en Colsubsidio resulta más costoso frente a otros supermercados o mercados populares”.

Rojas señaló que en los contratos se lograron optimizar recursos para ser reinvertidos en otros programas sociales sin afectar la calidad de los bienes y servicios contratados.

En total, la Secretaría de Integración Social tiene proyectada una inversión en 2015 de más de $135.000 millones para la garantía del derecho a la alimentación, a través de sus modalidades de bonos canjeables por alimentos.