Una cifra descomunal, con la que se podrían construir tres millones de casas de interés prioritario de las que está entregando el Gobierno gratuitamente, es a lo que equivalen las 246.000 demandas contra la Nación: 217 billones de pesos.

La cifra la recogió la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado en un barrido de las querellas instauradas en los juzgados del país por personas jurídicas y naturales que han visto afectados sus derechos.

En entrevista con EL NUEVO SIGLO, Adriana Guillén, directora de la entidad, sostuvo que a pesar que en la recopilación de la información se han detectado errores en el registro de los procesos, hasta el momento este es el dato más cercano de los procesos que enfrenta la Nación.

“Hemos encontrado problemas como que no hay un número único de radicación nacional de los procesos. Teóricamente hay un código de 23 dígitos, pero cada juzgado le pone un número adicional, lo que lleva a que muchas veces los procesos estén contabilizados dos o tres veces. En este momento tenemos un contingente fiscal de 217 billones, pero es posible que también se deba a que la información esté mal diligenciada y que estemos radicando dos o tres veces un mismo proceso”, explicó Guillén.

La funcionaria señaló que han detectado el mal manejo de las cifras y de los reportes de los casos, por lo que trabajan en la consolidación de los datos para tener un panorama más real.

“Hemos detectado que las entidades no saben manejas las cifras. A veces ponen el punto donde no es. También que unos manejan pesos corrientes y otros pesos constantes. Manejar la información del país en materia litigiosa es muy complicado, por lo que estamos trabajando en la integridad del dato, que tengamos el dato más aproximado a la realidad posible para ofrecerle al país estrategias adecuadas de defensa”, precisó la Directora.

 Los más demandados

La entidad informó que las razones por la que más demandan al Estado son por la privación de  la libertad sin justa causa, siendo la Fiscalía General de la Nación la entidad más acusada por este hecho. Por este motivo hay 10.156 procesos contra el organismo por 23.6 billones de pesos. Le sigue la Policía Nacional con 12.770 procesos y demandas por 9,7 billones de pesos.

“Estamos pendientes de sacar un informe que le vamos a presentar al Ministerio de Justicia para mirar como las medidas de aseguramiento se use adecuadamente”, agregó la funcionaria.

Asimismo, la segunda causa por la que más está demandada la Nación es el incumplimiento en las obligaciones en las prestaciones sociales. Por este motivo el Instituto de Seguros Sociales (ISS), ahora Colpensiones, es el más demandado con 98.638 procesos por 2,4 billones de pesos.

“Vamos a ayudar a Colpensiones para que se evite esta situación. Es propia de una entidad nueva que está asumiendo unos pasivos del ISS. Estamos tratando de ayudar para evitar que siga siendo demandado”, aseguró Guillén.

El desangre por  el incumplimiento del pago de condenas por parte de las entidades oficiales, es la tercera razón por la que más es demandada la Nación con 6.345 querellas por 9,5 billones de pesos. Estas se relacionan con privaciones de la libertad, prestaciones sociales, y prestaciones a empleados de la Rama Judicial.

“Hemos detectado que hay problemas en el manejo presupuestal. Las entidades terminan siendo deficitarias y echando mano al final del ejercicio al rubro de sentencias y conciliaciones y dejan de pagar las sentencias y las conciliaciones para usar ese dinero en otros gastos y dejan pasar el tiempo sin pagar y terminan pagando más por intereses”, explicó la funcionaria sobre esta situación.

Otro de los casos importantes que está en conciliación es el litigio por prestaciones sociales de las cajas de retiro de las Fuerzas Militares y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional  y el Ministerio de Defensa, que ascienden a 254.000 millones de pesos.

En cuanto a la Defensa Estratégica se llevan 25 casos emblemáticos que son a la vez los más costosos. Entre ellas se encuentran las pirámides, por 60 billones de pesos. Eso suma los cerca de 800 procesos que se encuentran en diferentes despachos judiciales del territorio nacional y que el Gobierno busca agrupar para salvar al país de pagar una multimillonaria cifra que pondría en jaque la economía.

También se encuentra la demanda al Distrito por la contaminación del río Bogotá por 5.000 millones de pesos, el caso del rompimiento del Canal del Dique por 5.000 millones de pesos. El caso de ISA en la emisión de acciones.

La Agencia de Defensa del Estado ha pagado en año y cuatro meses de existencia, un billón de pesos.

‘No esperamos ganar en caso del Palacio’

Con la intención de hacer una buena defensa pero con la expectativa de que será muy difícil ganar el caso del Palacio de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la directora de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, aseguró que están preparando la estrategia ante dicho tribunal.

“Estamos en este momento estructurando el proceso de defensa, el cual no podemos contar por ahora. Pero tenemos muchas instancias como son la audiencia y los alegatos, que no se han evacuado. Quiero decir que la defensa se está haciendo de la manera más seria y lo mejor posible, aunque los colombianos no pueden esperar que no nos condenen, pero la Agencia va a hacer todo lo que esté en sus manos para rebajar los efectos del fallo”, dijo.

Guillén consideró que por ser procesos de violaciones a derechos humanos documentados, las demandas internacionales son muy difíciles de ganar.

“Colombia no ha logrado ganar uno de esos procesos porque no podemos ir ante el Sistema Interamericano y pensar que el Estado va a ganar, porque estamos hablando de violaciones de derechos humanos, donde la mayoría están documentadas. Lo que busca la Agencia en los casos que el Estado ha tenido algún tipo de responsabilidad, es atenuar las consecuencias de los fallos”, concluyó.