El director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos dijo que el Gobierno estaría incurriendo en fraude en sentencia judicial.

Por incumplimiento de sentencia judicial sería demandado el Gobierno nacional en cabeza del ministro de Hacienda,  Mauricio Cárdenas en el caso de la reducción de los sueldos de los congresistas como consecuencia de dos fallos judiciales.

Ante la alternativa del Ministro de reemplazar las primas de localización y de salud por una que compense los ingresos eliminados para no afectar los sueldos de 1.900 funcionarios, el director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, afirmó que con esto se estarían buscando maniobras dilatorias para el incumplimiento de la sentencia.

“Nosotros entablaríamos acciones porque se estaría ante un fraude de sentencia judicial; es decir, tratando de meter por otra vía lo que está negado por cuenta de la Constitución y de la Ley, sobre todo habiendo una sentencia inobjetable por parte del Consejo de Estado”, precisó Bustos.

El Veedor afirmó que de expedirse un decreto en este sentido, recurría al contencioso administrativo para frenar esta intención.

“Primero vamos a hacer un requerimiento preventivo al Gobierno el lunes para presentarle las objeciones éticas y jurídicas frente a subirle los ingresos a los servidores públicos. En el caso de que se dé este decreto, tendríamos que recurrir al mismo contencioso administrativo para modificar el decreto”, expresó.

Bustos aseguró que en este caso el demandado sería el Ministro de Hacienda. “Para empezar el Ministro de Hacienda y si el presidente anuncia (el decreto) habría que buscar cómo se establecen esas responsabilidades”.

Por último el Veedor dijo que es un mal mensaje para la ciudadanía que sea el mismo Gobierno el que esté buscando evadir la sentencia. 

“Es un pésimo precedente tratar de meter por la puerta de atrás lo que se ha ajustado por medio de decisiones judiciales. No solo son los 1.900 funcionarios los afectados, sino todos los colombianos que tenemos que cubrir esos gastos de funcionamiento de los ingresos de esos servidores públicos”, sostuvo.

Deducciones a congresistas

En lo corrido del año los ingresos de los congresistas se han visto reducidos ostensiblemente debido a sentencias judiciales. La primera decisión se dio con el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado que condicionó el pago de la prima de localización y vivienda a los congresistas con residencia fuera de Bogotá, la cual asciende a seis millones 200 mil pesos. El segundo hecho se dio en junio con el fallo de la Corte Constitucional que le puso tope a las pensiones de los congresistas, limitándolas a 25 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir que no pueden sobrepasar 14 millones 700 mil pesos. Antes de la decisión dichas pensiones alcanzaban  hasta los 30 millones de pesos. La tercera medida a principios de septiembre con la nulidad del artículo cuarto del Decreto 801 de 1992, que ordenaba el pago mensual a los parlamentarios de una prima de salud del 10 por ciento de su salario. Esta prima es de un millón 600 mil pesos.

Retraso en notificación

Luego de cinco meses de haberse anunciado el primer fallo EL NUEVO SIGLO reveló en informe del pasado 9 de septiembre que debido a la falta de notificación de la medida por parte del Consejo de Estado, los pagos no se habían suspendido.

Consultada sobre este hecho la jefa de Personal de la Cámara de Representantes, Diana Rojas Briñez, explicó que la Corporación pidió en dos oportunidades ser notificada oficialmente para cumplir la sentencia.

Se “solicitó en dos oportunidades al Consejo de Estado en Oficio D.P. 4.1.1103-2013 de fecha 23 de mayo de 2013 y en oficio D.P.4.1270 del 31 de julio de 2013 se nos comunicara la fecha en que quedó ejecutoriado y en firme el fallo de fecha 5 de abril de 2013, y se nos remitiera copia del mismo, toda vez que no contábamos con esta información ya que nunca se nos comunicó por parte de las partes el contenido del fallo”, explicó Rojas.

Solo hasta el 4 de septiembre, la División de Personal de la Cámara recibió respuesta del Consejo de Estado en la que afirma que procederá a enviar la notificación oficial.

Posteriormente se conoció que, la medida afectaba el salario de 1.900 funcionarios de la rama judicial y del Ejecutivo, hecho que produjo el rechazo del Ministro de Hacienda. “No tiene sentido bajar los sueldos de un momento a otro (…)  el efecto de la sentencia genera muchísimas dificultades”, opinó el Ministro.

Por este motivo las Direcciones Administrativas de Senado y Cámara suspendieron provisionalmente el pago del salario de los congresistas del mes de septiembre mientras no haya claridad sobre el tema.