Demandarán penalmente al fiscal Eduardo Montealegre | El Nuevo Siglo
Martes, 17 de Diciembre de 2013

Por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, abuso de poder y coacción, el presidente de la Fundación Marido y Mujer y candidato al Senado por el Partido Conservador, Javier Suárez, demandará penalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre.

Según Suárez, el Fiscal estaría obstruyendo la justicia diciendo que el Procurador se extralimitó en sus funciones en el fallo por la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

“Hay una extralimitación del poder del Fiscal. Me parece que es una coacción al haber intervenido en los despachos de la Procuraduría para obtener copias de los procesos que hacen parte del expediente contra el Alcalde”, anotó el Presidente de la Fundación.

Adicionalmente explicó que “el fiscal General, Eduardo Montealegre se está convirtiendo el palo en la rueda porque sus declaraciones desinforman a la opinión pública cuando dice que el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, no puede destituir al alcalde Mayor de Bogotá. En dichas declaraciones por lo menos da a entender que el Procurador se extralimitó en sus funciones”, subrayó.

Aclaró que la Constitución el da facultades al Jefe del Ministerio Público para destituir de su cargo incluso a funcionarios elegidos por el pueblo.

“Él debe ser claro con los ciudadanos. El artículo 278 de la Constitución faculta y le da prioridad al Procurador General de la Nación para remover del cargo a funcionarios públicos, incluidos los elegidos por elección popular”, declaró Suárez.

El candidato puso el ejemplo de la exgobernadora de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo, quien fue destituida por el procurador de entonces Jaime Bernal Cuellar y no se intentó desacatar el fallo. “Eso si es un golpe de Estado. Un golpe a la Democracia Eso es ir en contra de la Constitución”.

Finalmente cuestionó que el Jefe del Organismo Acusador de halla reunido a puerta cerrada con el Mandatario capitalino, lo cual no da garantías procesales.