El representante a la Cámara por Bogotá, Pablo Enrique Salamanca, del Partido Liberal, advirtió sobre la posibilidad de que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura pidan gigantescas indemnizaciones debido a que esa corporación fuera eliminada en el trámite de la reforma a la justicia como consecuencia del escándalo del carrusel de las pensiones.

Según Salamanca, el Consejo Superior de la Judicatura se mantuvo vivo dentro del articulado de la reforma hasta la segunda vuelta del trámite en el Congreso, lo que para él significa que tanto el legislativo como el Gobierno estaban conformes con la actuación de esa corporación.

Salamanca anotó que esa situación vino a modificarse tan solo después de que salieran a la luz pública los hechos de corrupción en que, de acuerdo con las autoridades, podrían estar involucrados los magistrados de ese cuerpo.

“Lo que ocurre es que el Consejo Superior de la Judicatura no se acaba por ser un organismo ineficaz, sino porque había personas que habían cometido conductas delictuales y sí pasado el tiempo el fallo de los organismos les favorece a ellos, los magistrados pueden demandar y pedir indemnizaciones altas”, dijo.

El representante Salamanca señaló que se corre el peligro de que se demande a la Nación y los perjuicios van a ser grandes, porque el Estado perdería mucho dinero. “Yo dejé una constancia durante en debate y dije que se podían venir esas demandad. Yo lo advertí”.

Sobre este particular, el senador nariñense Parmenio Cuellar, del Polo Democrático Alternativo, consideró que en teoría los ciudadanos pueden demandar todo, “pero eso no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque es posible que en los debates se haya dicho que hubo corrupción, pero en la norma nunca se especificó que fuera por corrupción”.

Cuellar manifestó que el hecho de que en la prensa se tocará el tema de la corrupción no tiene nada que ver y recordó que en Colombia en alguna oportunidad se había revocado el mandato de los congresistas, con el argumento de que eran corruptos. “Algunos demandaron y perdieron”. El congresista aclaro además que es una norma constitucional y contra la Constitución no existen derechos adquiridos.